La suspensión temporal de los efectos de los contratos laborales es una figura que deja sin efecto la obligación del trabajador de prestar sus servicios y la del empleador de pagar el salario. Su aplicación está validada hasta el 31 de diciembre, según decreto ejecutivo.
Con empresas que no han podido reabrir y unos 200 mil trabajadores con contratos suspendidos, la situación que encara el país es difícil.
Urge una reactivación que incluya a todas las empresas y la discusión de una ley de quiebra, advirtió Elisa Suárez de Gómez, presidenta de la Apede.