La evaluación CrimJust, que elaboró la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en conjunto con la Unión Europea, forma parte de los insumos con los que el Órgano Judicial elaborará el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2030.
CrimJust evaluó los mecanismos y estructuras de rendición de cuentas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público (fiscalías especializadas contra el crimen organizado y anticorrupción), y el Órgano Judicial (juzgados y tribunales).
El propósito: diagnosticar sus vulnerabilidades al riesgo de infiltración del crimen organizado y así determinar qué áreas deben fortalecer.
La DIJ
La evaluación arrojó, por ejemplo, que la DIJ debe instruir a sus policías en ética pública, revisar su mecanismo disciplinario y adaptarlo a los estándares de protección de derechos humanos.
El documento también dice que la Policía Nacional debe adecuar su sitio web según la Ley 6 de enero de 2002, sobre transparencia y acceso a la información, y señala, además, que debe revisar sus procedimientos disciplinarios para garantizar el anonimato a los denunciantes, especialmente cuando este sea un empleado de la entidad.
También propone crear un ente externo para controlar, supervisar y conocer las conductas indebidas de los funcionarios de alto rango de la fuerza pública, con la facultad de investigarlos y, de ser necesario, enviarlos al Ministerio Público.
Otra de las propuestas de la evaluación es separar la DIJ de la Policía Nacional para que sea independiente.
Al Ministerio Público
Mientras, al Ministerio Público se le sugiere adoptar un nuevo manual descriptivo de puestos, ajustado al sistema penal acusatorio, que incluya un procedimiento especial para la selección y nombramiento de fiscales.
También le propone adoptar un código de ética propio a la función especial de los fiscales, quienes, además, deben actualizar su declaración de bienes patrimoniales cada año.
Igualmente, le aconseja ampliar la información sobre los mecanismos disciplinarios, indicando el tipo de conducta indebida, la norma infringida, el tipo de sanción y el tiempo de sanción. Por ejemplo, si es suspensión del cargo, cuánto fue el tiempo de suspensión.
Además, incluir formalmente al Consejo Disciplinario en la estructura organizativa, como órgano asesor administrativo interno, con personal suficiente y permanente para registrar, investigar y abordar las denuncias recibidas.
Al Órgano Judicial
A este poder se le sugiere, entre otros aspectos, exigir autonomía financiera y que se le aumenten las asignaciones al 3% del presupuesto general del Estado. Esto, con el propósito de cumplir con la implementación de todas las leyes existentes.
Además, le solicitan que dé seguimiento a los compromisos adquiridos en los acuerdos de gobierno abierto con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y fortalecer los mecanismos de protección de testigos, víctimas y colaboradores, creando para ello los protocolos que se requieran.
La evaluación también recalca que es necesario que el Judicial tenga protocolos para garantizar medidas de protección y seguridad a los jueces cuando estén bajo amenaza.
Establecer controles para exigir la obligatoriedad de la declaración patrimonial de todo el personal es otra observación del estudio.
CrimJust advierte, asimismo, que el Órgano Judicial no tiene un proceso claro para la selección de jueces que evalúe a los aspirantes para poder seleccionar a aquellos que posean integridad y la capacidad legal requeridas para resolver de manera imparcial, justa y transparente los procesos.
En la evaluación también se resalta el hecho de que, a pesar de que existe la Ley de Carrera Judicial, esta no se ha implementado.
Actualmente, el Órgano Judicial, con nueva directiva y la incorporación de nuevos magistrados (María Eugenia López, Carlos Vásquez, Maribel Cornejo y Olmedo Arrocha) da los primeros pasos para implementar esta norma e implementar los tribunales que requiere.
El documento, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e Interpol, también señala que el sector público no tiene capacidad de gestión sobre la impunidad y la mora en el sistema judicial.