Representantes del sector privado han manifestado que distintas iniciativas legales supondrían una intromisión del Estado en asuntos de la empresa privada, lo que podría tener un efecto contrario en los esfuerzos del país por captar inversión para reactivar la economía.
El Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá dijo que ve con preocupación “que organismos del Estado, los cuales deben impulsar iniciativas en pro del desarrollo del país, estén enfocados en impulsar leyes que se prestan para intervencionismo gubernamental hacia el sector privado”.
El Consejo se refirió, por ejemplo, a la existencia desde hace años del control de precios y a los intentos de regular actualmente el costo de escuelas privadas, los intereses bancarios y normas para establecer costos de la mano de obra en los puertos.
Un mayor control por parte del Estado y cambios en las reglas del juego podrían ir en detrimento de los esfuerzos por recuperar la economía, tras el desplome de 2020, ya que la estabilidad jurídica es clave para promover la inversión, tanto local como extranjera.
“Necesitamos que nos permitan producir y para eso necesitamos un Estado que sea facilitador de la inversión y definitivamente no puede ser un Estado intervencionista”, sostuvo Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Por su parte, el presidente del Centro Nacional de Competitividad, Irvin Halman, sostuvo que las regulaciones se deben analizar técnicamente y a profundidad por los posibles impactos adversos. “Deben considerarse variables socioeconómicas como inversión, empleo y crecimiento, para retomar la senda de un desarrollo que sea sostenible”.