Los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos rechazaron la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia anule el caso con el alegato –varias veces negado– de que se hizo la audiencia de acusación sin que se efectuara la de imputación. Afirmaron que estarán vigilantes.
Reaccionan ante proyecto de fallo que anularía el caso de los pinchazos
Reacciones a favor y contra se registraron ayer en torno a un proyecto de fallo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Cedalise que anularía el proceso que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos.
Un proyecto de fallo que concedería una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de exgobernante contra una “decisión oral” tomada el 4 de julio de 2018 por el entonces magistrado juez de garantías del proceso, Jerónimo Mejía, que rechazó un recurso con el que los abogados del expresidente impugnaron el caso alegando que se había realizado la audiencia de acusación sin que antes se efectuara la de imputación.
Carlos Herrera Morán, abogado del querellante Mitchell Doens, dijo que la defensa de Martinelli ha insistido con este alegato que, según advirtió, no tiene fundamentos en la Constitución ni la ley.
“Han vuelto a insistir sobre el tema de la falta de imputación, a pesar de que ellos conocen perfectamente dos situaciones jurídicas, una que el pleno de la Corte admitió la querella y que los nueve magistrados consideraron que existía la prueba sumaria para iniciar una investigación. Lo segundo es que para esa época estaba vigente una serie de normas especiales para juzgar a funcionarios con mando y jurisdicción nacional y a los diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano, y ese era el estatus que tenía Martinelli”, indicó.
Por su parte, el abogado Carlos Carrillo, de la defensa del exmandatario, expresó en el programa radial InfoAnálisis de Omega Stereo que su cliente tenía derecho a una imputación y el hecho de que Mejía omitiera eso provoca una falencia constitucional.
Sigue el proceso
Ayer, en la continuación del juicio oral al expresidente, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presentó a una sexta víctima de las escuchas: la dirigente del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera.
Herrera, quien también actúa en el proceso como querellante, señaló ante el Tribunal de Juicio Oral que aproximadamente en el año 2010 ya sentía que su intimidad y privacidad eran vulneradas.
Prueba de ello, explicó, es que cuando llegaba a determinados lugares, en los que previamente había agendado alguna actividad política o de otra índole, sin dar conocimiento público de ello, era esperada por opositores y recibida con expresiones injuriosas.
¿Cómo sabían que ella se trasladaría a esos lugares si no había informado públicamente de la actividad que efectuaría?, se preguntó ante los presentes en el juicio. Su respuesta fue clara: sospechaba que desde entonces era espiada por el gobierno de Ricardo Martinelli.
