La divulgación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que salvó una ley sobre esterilización femenina de 2013, retrotrajo un histórico reclamo contra la discriminación y desigualdad en perjuicio de la mujer.
De forma inusual, las instituciones del gobierno de Laurentino Cortizo que atienden los temas sociales se pronunciaron contra la sentencia del Órgano Judicial.
El fallo, con fecha del 10 de septiembre de 2020 y publicado en la Gaceta Oficial del pasado 12 de marzo, resolvió que no es inconstitucional un artículo de la Ley 7 del 5 de marzo de 2013, que exige a las mujeres más requisitos que a los hombres para someterse a una esterilización en los centros hospitalarios o de salud del sector público. Cinco magistrados votaron a favor: José Ayú Prado (ponente), Cecilio Cedalise, Secundino Mendieta, Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez. Cuatro, sin embargo, salvaron sus votos: Ángela Russo, María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista y Luis Ramón Fábrega.
Para la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, el Estado y las leyes no pueden negarle a la mujer el ejercicio del derecho a decidir si quiere tener hijos, cuántos y cuándo, “el cual interfiere directamente en su anatomía personal, su capacidad de decidir cómo quiere vivir su vida y cómo quiere realizarse”.
Así lo planteó Castillo en un comunicado que no precisa, sin embargo, si impulsará alguna iniciativa legal para reformar la ley de 2013 que estableció que para que una mujer solicite la esterilización debe tener más de 23 años de edad y dos hijos, si quiere practicarse el procedimiento en un hospital público. Los hombres, en cambio, pueden decidir no tener hijos a partir de los 18 años, a través de la vasectomía.
Edades para la esterilización
33 años
La Ley 48 de 1941 establecía que para que una mujer pudiera pedir la esterilización, debía tener 33 años o más y por lo menos cinco hijos
23 años
La Ley 7 de 2013 fijó los requisitos a 23 años o más, más de dos hijos y permiso médico.
18 años
Es lo que se establece para los hombres en la ley vigente. Igualmente, es lo que se plantea como posible reforma para el caso de la mujer.
Lo que ocurrió en 2013
Antes de esa norma, incluso, regía una más estricta: la Ley 48 de 13 de mayo de 1941, que señalaba que solo podían optar por la esterilización mujeres mayores de 33 años de edad y con cinco hijos. Esa norma fue derogada a pedido de organizaciones femeninas, que se basaron en que perjudicaba a las mujeres, especialmente a las de menos ingresos, ya que en el sector privado sí se puede acceder a estos servicios, sin cumplir tantos requisitos.
Entre los que avalaron aquella reforma, sancionada por el entonces presidente Ricardo Martinelli, figuran Crispiano Adames y José Isabel Blandón. Pero hubo diputados que, incluso, le pidieron a Martinelli que vetara el proyecto, como el entonces presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Mario Lazarus, quien abogaba que la edad de esterilización fuera de 28 años o más.
Aún cuando se bajó la edad a 23 años, quedó la diferencia entre hombres y mujeres, razón por la que la abogada Haydée Méndez Illueca presentó la demanda de inconstitucionalidad el 25 de noviembre de 2015, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Méndez Illueca no se quedó de brazos cruzados. También intentó por la vía de la Asamblea Nacional. Lo hizo a través de una propuesta en 2019, alegando que la norma de 2013 no considera “el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley, así como el número de embarazos y cuándo tenerlos”. Solo llegó hasta primer debate.
Actualmente, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social hay una iniciativa de reforma a la Ley 7, presentada por el diputado Juan Diego Vásquez, con el aval de varios de sus colegas. La idea sería equiparar la edad para hombres y mujeres, a 18 años o más.
‘Igualdad’
Otra institución que se pronunció sobre este fallo fue el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), liderado por Nellys Herrera. Recordó en un comunicado que Panamá adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mediante la Ley 4 del 22 de mayo de 1981. Igualmente, citó el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que todas las personas son iguales ante la ley.
