La advertencia de ilegalidad es una acción contencioso administrativa que conoce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y que le permite al accionante obtener la suspensión de una actuación administrativa que considera que viola una ley.
El diputado y abogado Jorge Iván Arrocha interpuso este recurso en nombre propio y en el de sus colegas diputados Luis Eduardo Quirós y Adolfo Valderrama. La fundamentación del recurso está anclada en que la Comisión de Credenciales escogida el pasado 17 de julio de 2017 no puede ser desmantelada, porque las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional tienen una vigencia hasta el 30 de junio de cada año. A su vez, la Comisión de Credenciales fue aprobada por consenso de la mayoría del pleno que existía el 17 de julio de 2017.
Usualmente, los procesos administrativos son sumamente formalistas, pero en este caso el magistrado Abel Zamorano aceptó el recurso sin que este venga acompañado de los antecedentes del acto administrativo atacado, sin las pruebas autenticadas y sin los poderes firmados personalmente por los diputados Quirós y Valderrama. No obstante lo anterior, el magistrado sustanciador le ordena a la diputada presidenta Yanibel Ábrego que remita los antecedentes del expediente, y que “el acto administrativo advertido de ilegal no puede ser objeto de aplicación, conforme el contenido de la mencionada norma legal, hasta tanto este tribunal no se pronuncie sobre el proceso interpuesto”.
La ley a que hace alusión el magistrado Zamorano es la Ley 38 del año 2000, que regula el procedimiento administrativo de todo el Estado panameño.
La hoja de ruta judicial de esta controversia política tenía dos posibles recorridos. Una advertencia de inconstitucionalidad, que hubiese detenido la actuación del pleno de la Asamblea Nacional, pero habría remitido la controversia al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que habría tenido que designar a un magistrado ponente para que preparara un proyecto de sentencia, que requeriría de cinco votos para formar una decisión.
El otro recorrido, el de la advertencia de ilegalidad, reduce el número de magistrados de los nueve que conforman el pleno, a los tres que integran la Sala Tercera. Menos magistrados significa más rapidez y menos incertidumbre.
La decisión del magistrado Zamorano mantiene a la Comisión de Credenciales tal y como está. No se espera que el fondo de la controversia sea decidido en contra de la actual Comisión de Credenciales. El marcador queda en cero bolas y cero strikes.