El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) dio su apoyo al juicio de destitución iniciado por el Congreso contra la presidenta Dilma Rousseff, afirmando que es un fiel reflejo de la voluntad popular.
“Eso fue lo que las calles gritaron” el 13 de marzo, cuando 3 millones de brasileños participaron en las manifestaciones antigubernamentales, dijo Cardoso en una entrevista publicada ayer por el diario O Estado de S. Paulo. “Las calles gritaron renuncia, fin, impeachment”, declaró.
Una encuesta de Datafolha reveló el pasado sábado que el apoyo al juicio político pasó de 60% en febrero a 68% en marzo.
Cardoso, de 84 años, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), había expresado dudas sobre la iniciativa del juicio político, y esperaba que Rousseff renunciara por cuenta propia al cargo, en “un gesto de grandeza”.
Pero su postura “cambió”, tras constatar “poco a poco”“la incapacidad patente de funcionamiento del gobierno y la resistencia” de Rousseff a dar un paso al lado, explicó el exmandatario. “Ahora pienso que el camino es el impeachment”, agregó.
El procedimiento de juicio de destitución se sustenta en acusaciones de manipulación de las cuentas públicas. Si llega a su fin, el proceso será“igual de doloroso que permanecer asistiendo al desfallecimiento de la economía y de la sociedad”, argumentó Cardoso .
Brasil, primera economía de América Latina que se apresta a celebrar en agosto los Juegos Olímpicos de Río, está paralizado por la recesión y la crisis política provocada por el escándalo de corrupción de Petrobras.
La semana pasada, el senador Delcidio Amaral, que fue líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso, acusó a Rousseff de haberse beneficiado del sistema de sobornos montado en torno a la petrolera. Asimismo, Amaral declaró a la revista Veja que el esquema se montó bajo la presidencia de Lula da Silva (2003-2010), pero “Dilma (Rousseff) heredó y se benefició directamente de ese sistema, que financió sus campañas electorales”.
La Cámara de Diputados realizó el viernes pasado la primera sesión de las 15 previstas para que una comisión especial de 65 diputados recomiende la apertura o el archivo del pedido de destitución contra Rousseff.
La mandataria está acusada de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.
Si un parecer favorable al juicio político es aprobado por los dos tercios de los diputados y por la mitad de los senadores, la mandataria será separada del cargo por un plazo máximo de 180 días.
Finalmente, correspondería al Senado, por mayoría de dos tercios, pronunciar una eventual destitución.