La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó ayer, en primer debate, el proyecto de ley 544 sobre reformas electorales. Pero antes, los diputados de Cambio Democrático (CD) y del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se impusieron e introdujeron al menos cuatro propuestas que ya habían sido descartadas la semana pasada, como entonces se había acordado en una mesa técnica con los magistrados del Tribunal Electoral (TE).
Los diputados del PRD y CD insistieron en introducir estas modificaciones, a pesar del reclamo de algunos de sus colegas que advertían que introducir cambios en artículos ya aprobados sería violatorio del artículo 159 del reglamento interno de la Asamblea. También argumentaron que aprobar estas reformas sería irrespetar lo consensuado en la mesa técnica.
As bajo la manga
El perredista Víctor Castillo, presidente de la comisión, arrancó puntual la sesión de ayer. De inmediato, advirtió que una resolución que esa misma instancia aprobó en los primeros días del debate del proyecto 544, les permitía volver a discutir artículos ya aprobados, si los diputados así lo decidían.
Acto seguido, se procedió a la lectura de las modificaciones propuestas. Varias, como la que permite la “renovación anticipada” de las directivas de los partidos políticos, fueron presentadas por diputados de CD, comandados por Yanibel Ábrego, quien pese a que no pertenece a esta comisión, se mantuvo en el recinto durante la primera hora del debate.
Los diputados del PRD y CD también avalaron artículos relacionados al fuero penal electoral. El proyecto original proponía su eliminación, pero esto fue desestimado en la comisión. Por tanto, se mantiene la coraza legal que impide investigar a los candidatos sin autorización del TE. También dejaron intacto el mecanismo de repartición de curules en los circuitos plurinominales, a través de la fórmula del cociente, medio cociente y residuo. Cuando en septiembre pasado los magistrados del TE se retiraron del debate, advirtieron que mantener el fuero electoral y la forma actual de adjudicar curules representa un “retroceso”.
Irrespeto a lo pactado
El resto de los diputados de la comisión no se sorprendió por los cambios a lo aprobado la semana pasada en los bloques uno y dos (que incluyen los primeros 150 artículos del proyecto 544). Desde el día antes advirtieron públicamente que se harían reformas a temas que ya habían sido consensuados y aprobados. No se quedaron callados y denunciaron la imposición de la componenda PRD-CD.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez fue el primero en manifestar su objeción.
“Se continúa con la perpetuación de un superfluo legal, que, más que buscar un objetivo democrático, busca asegurar la impunidad y eso es el fuero penal electoral”, aseguró.
Quien también se quejó, a pesar de que forma parte de la bancada oficialista, fue la diputada Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
“Estamos viendo artículos que violentan la democracia de los partidos”, sustentó. Advirtió que el artículo 159 del Reglamento Interno de la Asamblea señala que “adoptada una propuesta o modificación cualquiera, ya no podrá ser discutida ni modificada”.
Cano sostiene que los cambios están impulsados por CD, para adelantar la renovación de su actual directiva, que preside Rómulo Roux. A su juicio, eso “vulnera” la democracia partidista.
“Estos artículos contravienen los principios y componentes de la democracia. Dejarlos violenta los principios de la democracia. Es un tema muy delicado”, planteó .
Su colega de CD, Hernán Delgado, defendió la moción de su bancada. De paso, dejó claro el objetivo: reconoció la intención de renovar la directiva de su partido, para buscar “nuevas alternativas”.
Por estos días, Yanibel Ábrego, actual secretaria de CD, ha intentado sin éxito convocar a una elección interna para expulsar a Roux de la presidencia.
Mientras, el panameñista Luis Ernesto Carles manifestó que la Comisión de Gobierno no está para discutir problemas internos de los partidos. “Que arreglen ellos sus problemas”, añadió.
El proyecto pasó a manos del pleno. Después que se apruebe en la Asamblea, la última palabra la tendrá el presidente Laurentino Cortizo, pues le corresponde avalarlo o vetarlo.
