Eduardo Valdés Escoffery está por cumplir 29 años como magistrado; llevaba 25 cuando, en 2014, Juan Carlos Varela lo ratificó por 10 más.
El magistrado habla con conocimiento cuando dice, acentuando las palabras, que las reformas al Código Electoral aprobadas en mayo de 2017, son “lejos, lejos, lejos”, las más ambiciosas logradas en las últimas dos décadas.
¿Cuáles son los principales logros obtenidos mediante la Ley 29 del 29 de mayo de 2017?
El haber avanzado en los principios de equidad y transparencia. Hay topes en las donaciones y en las recaudaciones. En lo que los candidatos y precandidatos pueden gastar. Y en lo que pueden invertir en propaganda electoral. Hay topes por todos lados.
Estos topes, ¿conllevarán una disminución real en los gastos?
Definitivamente. Para candidato presidencial, el tope fijado para donaciones privadas es de 10 millones, más el financiamiento público preelectoral, estimado en 45.8 millones.
¿Cómo se distribuirán esos 45.8 millones?
El 25% se dividirá igualitariamente entre todos los partidos y candidatos de libre postulación; 3.5% adicional irá para los independientes, y el resto se repartirá entre los partidos según la cantidad de adherentes. El que más dinero recibirá, el PRD, rondará los $12.3 millones. Le seguirá CD, con $11.4 millones; el Panameñista, con $9.6 millones; Molirena, con $4.1 millones; y el Popular, con $3.5 millones. Los dos partidos nuevos recibirán $1.5 millones cada uno. Y eso lo deben distribuir entre los candidatos a cargos de elección dentro de cada partido.
¿Cómo fijaron el tope de $10 millones en financiamiento privado por candidato presidencial?
La nómina presidencial del presidente Varela declaró haber gastado alrededor de $11 millones. Y, en 2004, la de Martín Torrijos, declaró entre $10 millones y $11 millones. Pensamos que si una persona pudo ganar con $10 millones, esa era una cifra razonable, tomando en cuenta que a eso se suma el financiamiento público mencionado.
¿Cuál es la instancia que velará porque no se rebasen estos topes?
El 8 de enero se instaló la Dirección de Fiscalización, que desde 1990 venía auditando el financiamiento público. Su nuevo reto es fiscalizar el financiamiento privado. La reforma obliga a todos los candidatos a abrir una cuenta única de campaña. Dicha cuenta estará sujeta a auditoría por parte de la Dirección de Fiscalización, vía banca en línea. Además, estamos confiando en que va a haber mucha auditoría entre candidatos porque, por primera vez, el excederse de los topes es causal de nulidad de la elección.
¿Qué hay de las donaciones en especie?
Forman parte de la contabilidad de los gastos y, por tanto, de las recaudaciones. Trajimos una matriz de gastos que se usó en México para ponerle precio a cada tipo de donación, desde un sancocho hasta una madera. Vamos a intentar convencer a los candidatos para que utilicen un software que les permita contabilizar sus gastos, lo que les dará la tranquilidad de saber cuando estén cerca del tope. No queremos sancionar, sino prevenir.
Las reformas contemplan que la organización de primarias quede a cargo del Tribunal.
En efecto, esos mecanismos de selección los va a manejar y financiar el Tribunal, para que haya una verdadera competencia e igualdad de oportunidades y se garantice que todos los que quieren ser candidatos puedan participar.
¿Hasta cuándo tienen los partidos para fijar fechas?
Los primeros 25 días a partir del 5 de mayo (un año antes) tienen que comunicarnos la fecha en que escogerán a sus candidatos a presidente. El PRD nos dijo que elegirá una fecha para todos los cargos.
Hablemos de ese otro principio que inspiró las reformas: la transparencia. Cuando de manera voluntaria el presidente Varela, luego Juan Carlos Navarro, hicieron públicas sus listas de donantes, lo que se reveló fue que las listas no revelan nada.
Antes podías acumular donaciones y presentarte como donante. En la reglamentación que sacamos, establecimos que no puede haber intermediarios: el que dona tiene que girar un cheque a nombre de la cuenta del candidato. Y este, a su vez, está obligado a presentar un informe con la identidad del donante y monto de la contribución.
Un delator declaró que en 2014 el candidato del CD contó con un estratega pagado por Odebrecht. El Tribunal no se ha manifestado al respecto.
Que yo sepa no se ha revelado que hubo ese pago. Arias ha sido el único que no ha hecho pública su lista de donantes, como hizo Navarro y como hizo el presidente Varela. Sin embargo, una fiscal sí mandó a pedir una constancia de si Odebrecht había donado dinero, como tal, al candidato Arias. Esa información reposa allá en un expediente.
También se conoció que un donante del panameñismo recibió fondos de la constructora. El presidente afirma que se trató de una donación. ¿Puede explicar qué define una donación en contraste con, por ejemplo, una dádiva?
Donación es cuando alguien le da a otro. Desde el punto de vista electoral, la única limitación que había –ahora hay topes– era en cuanto a la fuente. Si se comprobaba que alguien de fuera donó dinero y no lo declaró, eso habría sido motivo de multa. Esa legislación era fácilmente vulnerada, porque los infractores estaban dispuestos a pagar la multa. Ahora eso sería causal de nulidad.
El manejo de fondos a lo interno de los partidos, ¿será más transparente?
Hasta ahora, nadie sabía con qué se quedaba la nómina presidencial. Daban una declaración jurada en la que decían cuánto he recaudado y cuánto he gastado. Ahora hay que ver en esa cuenta única de campaña, cuánto recibieron, de quién y en qué lo gastaron. No se le entrega credencial al que gana si no ha entregado el informe. Estamos [creando los controles para] revelar secretos que eran tabú en la política panameña.
A medida que se acerquen las elecciones, el tema del financiamiento se tornaráálgido, pero, por el momento, la polémica surge de la veda electoral. Se puede hacer campaña 45 días antes de las primarias y 60 días antes de las generales, pero qué sucede con la expresión ciudadana, como el caso de una conferencia de prensa que los medios deciden cubrir…
Hay un caso ahora mismo que llegó aquí. La fiscalía entregó la denuncia y el Tribunal está analizando el caso, que es el primero en el que se utiliza la convocatoria de varios medios para hacer un pronunciamiento. Tenemos los magistrados que evaluarlo y fallarlo e ir sentando precedentes ante situaciones que antes no estábamos acostumbrados a manejar, ni nosotros ni los candidatos.
La veda electoral tendrá impacto en los medios tradicionales, ¿qué reacciones ha habido de parte de estos?
Siempre han sido muy colaboradores. El dinero que los candidatos van a poder gastar, que tiene un tope, tendrá que invertirse en un período muy corto de tiempo. Los medios están viendo cómo hacen con su clientela regular, a la que van a tener que privar de espacio en ese período. La pauta estará concentrada en unos meses y se evitará que el que más dinero tenga sea el que más logre hacerse publicidad.
¿Cómo harán con los usuarios de redes?
Estamos practicando una nueva unidad que va a monitorear quién pauta qué. Hemos estipulado que en tu cuenta personal puedes promoverte sin ninguna limitación, porque no estás pagándole a nadie. En el caso de los influenciadores, pensamos que no te van a promover si no les has pagado, pero son terrenos nuevos que iremos revisando. Facebook y Twiter nos han dicho que no tienen mecanismos para identificar una pauta política. Lo que sí podrían hacer es dar la información de lo que pagó un usuario, para eventualmente poder nosotros determinar si eso llevó a un rebase de gastos.
Empezamos preguntando por los grandes avances, ¿en qué se quedaron cortas estas reformas?
A mí me gusta ver el vaso medio lleno. Estamos avanzando en una serie de temas tan importantes que no me voy a preocupar por lo que no se logró.
¿Ninguna omisión le hizo sentir que la reforma se había quedado coja?
Se propuso que el Tribunal tuviera facultad para secuestrar cuentas que sospecháramos estaban siendo utilizadas para canalizar recursos hacia una campaña. No se aprobó. Se propuso que las inhabilitaciones se realizaran durante la campaña, pero eso se ajustó y ahora será posterior a la elección. Se quitaron un poco de garras; acuérdate de que los que aprueban estas normas son los que se van a ver afectados por ellas, así que andan un poco lentos y cautelosos. Lo que no se logró, será objeto de discusión en enero de 2020.
Si las reformas van con rezago de la realidad, no tendrán la eficacia que espera el país.
Es que cada cinco años estamos en la misma; es un sistema dinámico. Nunca aprobamos todo, pero vamos paulatina y persistentemente perfeccionando el sistema electoral.
En años pasados se celebró el papel del Tribunal por el hecho de garantizar elecciones libres. Con el pasar del tiempo, se toma conciencia de que las campañas son fuente de corrupción y las expectativas con respecto al papel del Tribunal crecen. ¿Estará a la altura? ¿Nos hemos vacunado contra el tipo de corrupción que surge de las campañas?
No creo. Seguirá habiendo megaproyectos y no es el sistema electoral el que va a impedir que una empresa X done o coimee a los candidatos. Es una cuestión de cultura. Pero, por primera vez, hay topes en lo que un donante puede contribuir, lo que reduce su influencia. Esto es como con los ladrones: solo podemos poner controles que hagan las cosas más difíciles.
(Nota de la entrevistadora: Otros puntos que la Comisión Nacional de Reformas Electorales propuso y no fueron aprobados son el aumento de los plazos para la prescripción de delitos electorales y la paridad de género en la oferta de candidatos).
