La creación de un registro de beneficiarios finales podría tener carencias para prevenir casos de corrupción local en contrataciones públicas.
El registro fue aprobado por ley en marzo de 2020, pero a la fecha no ha sido creado.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso una serie de cambios a la norma, como por ejemplo el de incluir a la Dirección General de Ingresos entre las autoridades competentes para solicitar información al registro.
El abogado Carlos Barsallo lamentó que no se incluya entre las autoridades competentes a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DCGP).
Si se hiciera, la entidad tendría una herramienta para verificar la información que recibe sobre el beneficiario final de las empresas que licitan. “En contrataciones públicas, para prevenir o mitigar la corrupción, ayuda que la DCGP pueda ver quiénes son los beneficiarios finales”, sostuvo.
