EXMINISTRA, INVESTIGADA POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

Alma Cortés: ‘Yo remitía los casos a colegas y ellos pagaban parte a la firma’

Alma Cortés: ‘Yo remitía los casos a colegas y ellos pagaban parte a la firma’
Alma Cortés pidió al Ministerio Público que levante la medida contra sus cuentas.

La Fiscalía Sexta Anticorrupción le cauteló 11 cuentas bancarias a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés, como parte de la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y corrupción.

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La información fue confirmada ayer por la exfuncionaria cuando llegó al edificio Avesa, sede de la fiscalía, para conocer sobre la orden dictada la semana pasada por el Ministerio Público a dos bancos de la localidad.

Luego de verificar la diligencia sobre el dinero cautelado, Cortés confirmó que se trata de 100 mil dólares.

Según lo expresado por la exministra, el fiscal utilizó como argumento que en el expediente hay dos fundaciones que ganaron contratos de capacitación durante su administración, bajo el programa Mi Primer Empleo que ella dirigía.

Reconoció que, al parecer, se hicieron los pagos en concepto de honorarios a un abogado que, según dijo, no trabajaba directamente con ella, pero a quien le enviaba casos, “porque eso es lo que se hace cuando uno está impedido para ejercer el derecho: remite los casos a colegas y muchos colegas le pagaban su parte a la firma (Cortés, Cortés, Molino & Asociados), en la cual soy socia” .

Según las pesquisas de la fiscalía, esa firma de abogados, a través de la sociedad Servicios Múltiples, habría obtenido fondos por 637 mil dólares en contratos otorgados por Mi Primer Empleo.

El Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos establece en su artículo 39 que un funcionario “no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.

Cortés anunció que pedirá a la fiscalía que levante la medida contra sus cuentas.

El proceso a Cortés se originó a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República, que sustenta el supuesto incremento no justificado en su patrimonio cuando fue ministra, por unos 2.5 millones de dólares.

La auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015.

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