Isaac Figueroa, representante legal de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), investigada por supuesto pago de sobornos a exfuncionarios y particulares, insiste en que el Ministerio Público (MP) no está facultado para ordenar indagatoria a un particular que representa a una persona jurídica.
Dicho argumento lo expuso en el incidente de controversia que presentó en el Órgano Judicial, recurso que ataca la orden de indagatoria expedida el pasado 11 de noviembre por Ruth Morcillo, de la Fiscalía Especial Anticorrupcion.
En el documento, Figueroa cita el artículo 96 del Código Procesal Penal, que dice: “Cuando se trate de procesos que involucren a personas jurídicas, la notificación de que la sociedad está siendo investigada y de la aplicación de la sanción respectiva se hará a su presidente o representante legal”.
Figueroa manifiesta que es representante de FCC desde el 12 de junio de 2020, por lo que no tiene vinculación con los hechos investigados.
Asegura también que él no evade acudir a la fiscalía y que “más bien ejerce sus derechos”, razón por la que interpuso la acción legal.
Entre 2009 y 2014, FCC construyó los tramos I y II del Corredor Vía Brasil, a un costo de $306 millones, obras que, según la Contraloría, tuvieron sobreprecios de $70.6 y $41.8 millones, respectivamente. Además, en 2011 se adjudicó la Ciudad Hospitalaria (en su momento, por $517 millones). Adicionalmente, en asociación con Odebrecht, se encargó de construir las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, por unos $4,000 millones.
Dos exdirectivos de la constructora española, Julio Casla y Eugenio Del Barrio, declararon que Avelino Acero, ex director general de Construcción de FCC, se reunió con Federico Suárez, ministro de Obras Públicas en los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien les habría dicho que para desembolsar deudas de proyectos viejos debían pagar coimas.