Haber declarado “confidencial” datos, como el nombre, cédula y provincia de los tenedores de libretas de lotería, ha sido repudiado de forma generalizada por la ciudadanía, que cuestiona si esta es la política de transparencia de la actual administración.
La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Gloriela del Río, fundamentó la prohibición en “motivos de seguridad personal”, según la resolución del 13 de agosto de 2019.
Hoy se reunirán funcionarios de la LNB y de la Secretaría de Comunicación del Estado para preguntarle a la directora, Gloriela del Río, si se mantiene la práctica de entregar libretas de lotería a los diputados (tal como confimó el exdiputado José Luis Varela), reveló el vocero del Gobierno, Óscar Ramos.
Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, calificó la medida como un “retroceso” y puso como ejemplo que publicar las planillas del Estado también implicaría “un riesgo alto”.
La resolución que declara estos datos confidenciales es una medida “clientelista, desconcertante y contra los billeteros”, expresó el diputado independiente Juan Diego Vásquez.
La negativa surgió tras una petición de este medio a la LNB, respondida con la resolución que veda los datos solicitados. El documento fue fechado un mes antes de la petición, pero no fue publicada en la Gaceta Oficial.
Llueven críticas a la LNB: ‘clientelismo y extorsión’
La prohibición de dar a conocer las identidades de los tenedores de las libretas de billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) ha generado un rechazo generalizado.
Se trata de una “atrocidad”, de una “medida de extorsión” , dijeron algunos de los consultados, en reacción a la prohibición, por parte de la LNB –y durante diez años–, de dar a conocer los nombres y cédulas de los billeteros.
La prohibición ha despertado suspicacias porque, precisamente, el exdiputado José Luis Popy Varela confirmó a este medio que en el pasado libretas de billetes de la LNB se entregaron a diputados de oposición en pago a “acuerdos” alcanzados con ellos.
Vedar la identidad de quienes manejan las libretas de lotería fue repudiado. Para el capítulo panameño de Transparencia Internacional es un retroceso.
Ayer, un número plural de personas llamaron de forma anónima a este medio para denunciar que algunas de estas libretas se consiguen en las oficinas de los políticos, a quienes les deben pagar una comisión.
¿Qué opina el presidente Laurentino Cortizo al respecto? ¿Esta administración también reparte libretas de billetes? ¿Avalará o investigará esta práctica? Estas son preguntas enviadas por este diario a la Secretaría de Comunicación del Estado. La respuesta fue que hoy, en una reunión con funcionarios de la LNB, el tema será abordado, reveló el vocero Óscar Ramos, quien reiteró que el Presidente hizo un “llamado a la transparencia”.
La declaración de “confidencialidad” de los datos que solicitó este medio está contenida en la resolución No. 2019-61, del pasado 13 de agosto, enviada por la directora de la LNB, Gloriela del Río. La medida de la LNB es “desconcertante e inexcusable”, y una “muestra de opacidad, clientelismo y extorsión”, dijo el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien se comprometió a examinar la legalidad de la medida.
Vásquez contó que con esto se perjudica a los propios billeteros, que durante la discusión del proyecto de ley que pretende aumentar la comisión que reciben por sus ventas, dijeron que primero debe establecerse claramente cómo obtener las libretas, y que quieren un trato justo.
“El billete es un bien público, por eso es ilegal la decisión” de declarar los datos de sus concesionarios bajo confidencialidad. Cuestionó que la resolución la haya permitido la junta directiva de la LNB. Según el decreto 224 de 1969, de la ley orgánica de la LNB, quien preside este organimso es el ministro de Economía y Finanzas.
La Prensa consultó a este ministerio si conocía de esta decisión, pero se informó que el director general de Ingresos, Publio de Gracia, es quien preside la directiva, y que este tema es objeto de análisis, y que, por el momento, no harían comentarios.
“La gente que maneja libretas de lotería está manejando un activo del Estado y es el ingreso de la LNB”, por ende, los billeteros son agentes del Estado y esta decisión es una “atrocidad”, explicó Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, quien abogó por exigir que se respete la Ley de Transparencia, que establece qué tipo de información es confidencial (ver facsímil).
De Obaldía relató que “ha costado mucho” la aplicación de la Ley de Transparencia y que observa una tendencia de retroceso en esta y otras decisiones bajo el argumento de “seguridad o privacidad”.
La Prensa intentó contactar a la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, y se le preguntó si conocía de otras prohibiciones la información pública en otras entidades y qué consideraciones tenía sobre ello, pero su equipo de prensa dijo que analizaban la medida.
