El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales reprogramó para los días 27, 28 y 31 de enero de 2022 la audiencia preliminar del proceso por presunto blanqueo de capitales que se sigue a 44 personas, por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa), presuntamente con fondos públicos, caso conocido como New Business.
La audiencia preliminar, programada inicialmente para el día de ayer, fue suspendida debido a que el juzgado –a cargo de la jueza Baloisa Marquínez– no notificó al empresario Daniel Ochy, uno de los acusados en el proceso.
Así lo hizo constar al inicio de la audiencia el abogado José Félix Martínez, defensor de Ochy y a quien la jueza le dio la razón.
Marquínez explicó que para notificar a Ochy se le envió un correo electrónico (no precisó a dónde), pero el juzgado desconocía que el empresario se encuentra bajo arresto domiciliario, pero por otro caso: el de las presuntas irregularidades en la rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
“El Ministerio Público tiene una teoría del caso fuerte. Veníamos preparados para el día de hoy hacer la sustentación de la misma y pedir lo que en derecho corresponda”, dijo el fiscal Emeldo Márquez tras la suspensión de la audiencia, que se desarrolla en el Teatro Balboa.
Entre los imputados en este caso también figuran David Ochy, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, Nicolás Corcione, Aaron Mizrachi, Moisés Levy, Ricardo Chanis y el expresidente Ricardo Martinelli.
El abogado del exgobernante, Roniel Ortíz, dijo: “mi cliente tiene justificado cada centavo que puso para la compra del periódico, de este negocio New Business y de todo lo demás. Así que no hay nada que temer y sabemos que vamos a ser absueltos. Además, nuestro representado goza del principio de especialidad y estamos peleando, porque para eso Panamá firmó un tratado con Estados Unidos”.
Por su parte, Gladys Quintero, abogada de Gonzalo Gómez, representante legal de la empresa Excavaciones del Istmo y quien también está imputado en el caso, aseguró que los señalamientos que hace la fiscalía no se corresponden con la realidad probatoria que hay en el expediente.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada envió las conclusiones del caso al juzgado el pasado 18 de marzo con una petición para enjuiciar a 25 personas y sobreseer a 19.
En la investigación, la fiscalía estableció que para la compra de Epasa fueron transferidos $43 millones 912 mil a través de un complejo esquema.
