El incremento de casos de Covid-19 que se proyecta para abril pondrá a prueba el sistema sanitario en el interior del país, que por décadas ha mostrado debilidad.
Una muestra es que en las comarcas no hay camas de cuidados intensivos; mientras que en las provincias son pocas. Lo mismo sucede con el personal de Salud: médicos y enfermeras.
Si bien la densidad del país cumple con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud, que la sitúa en 25 profesionales por cada 10 mil habitantes como rango mínimo, la distribución no es equitativa. La carencia es notable en Darién y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, donde no se llega a 20 profesionales por cada 10 mil habitantes.
Para Domingo Moreno, coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, será decisiva la estrategia en el interior, donde una de las principales deficiencias en materia de salud es la falta de recurso humano e insumos.
Por ejemplo, explicó que en el nuevo Hospital Rafael Hernández, en Chiriquí, se habilitaron nuevas camas de cuidados intensivos, pero ahora no hay insumos.
Por su parte, las autoridades de Salud señalan que se han nombrado, desde que comenzó la pandemia, a más de 90 médicos en el país, de los que 6 están en Veraguas, la provincia del interior con mayor cantidad de casos.
Paralelamente, ayer se conoció que el número de casos acumulados llegó a mil 673. De esa cantidad, mil 406 están en aislamiento domiciliario y 213 hospitalizados. De este grupo, 72 personas se encuentran en cuidados intensivos. Y van 41 defunciones y 13 recuperados.
Mientras, los cercos sanitarios se siguen instalado. Ayer lo hicieron las provincias de Coclé y Los Santos.
En la conferencia de prensa diaria sobre el Covid-19, las autoridades recomendaron ayer el uso de la mascarilla a los ciudadanos. Además, anunciaron un acuerdo con 35 financieras para que no cobren a sus clientes la letra de sus préstamos durante 90 días, a fin ayudar a que la gente no circule.
En tanto, Raphael Fuentes, director de Contrataciones Públicas, se refirió a un protocolo especial para agilizar y fiscalizar las compras relacionados con el Covid-19, sin que ello implique incumplir con las normas del buen uso de los recursos públicos.
De hecho, la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó ayer suspender la compra de laptops por $94 mil en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque incumplía con la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas.