Preciso y conciso. Sin dilaciones. Así respondió el abogado constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi a las preguntas que le hizo este diario respecto al controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló parte del proceso seguido al exministro de Seguridad y al exviceministro de esa cartera, José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente, por supuestas anomalías en el contrato suscrito en 2010 con la empresa Selex –filial del conglomerado Finmeccanica–, para la compra de 19 radares.
Bolívar Pedreschi también se pronunció sobre el llamado que hizo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, respecto a la crisis en el Órgano Judicial y sobre el trabajo de la procuradora Kenia Porcell y de las fiscales anticorrupción.
¿En entrevista anterior, usted manifestó que la decisión de la Corte sería rechazada por la sociedad en la calle. ¿Mantiene ese optimismo?
La indignación nacional es creciente. Importantes organizaciones sociales se están preparando para protestar en las calles contra la imprudente e infundada decisión judicial.
¿Qué opina usted de la responsabilidad de la ponente en el caso Finmeccanica?
Es importante que se conozca que la responsabilidad de la ponente [la magistrada Ángela] Russo, no es superior a la de los restantes magistrados de la Corte. Fue la posición de los ocho magistrados restantes la que hizo posible esa decisión, que envía un pésimo mensaje a los jueces que tienen en sus manos cuatro casos de alto perfil.
Paradójicamente, como me comentó el Dr. Edgardo Molino Mola, jurista de una gran capacidad e integridad y exmagistrado de la Corte, esta cayó en la misma falta que le atribuyó a la fiscal anticorrupción, que practicó pruebas fuera del término que la ley señala. Molino Mola dice que, en este mismo caso de Finmeccanica, la Corte también dictó su fallo fuera del término fijado por la ley. En este sentido, por lo menos moralmente, la Corte está en la misma situación que le criticó a la fiscal anticorrupción en este mismo caso.
Se viene criticando al presidente Juan Carlos Varela por su reunión con el magistrado Ayú Prado y por la firmeza con la cual le habló a este. Algunos abogados estiman que el mandatario violó el principio de la separación de poderes, ¿cuál es su posición como constitucionalista?
Como constitucionalista, considero que no hubo violación del principio constitucional. Más aún, considero que, valorado el principio constitucional en su verdadero sentido, el presidente de la República lo que hizo en este caso, al reunirse con el presidente de la Corte, fue cumplir con un deber y una responsabilidad, justamente constitucional.
El ejemplo que expongo arrojará la luz que necesitamos los intérpretes para valorar la situación. Imaginemos, por ejemplo, que haya ministros del Gabinete que llamen telefónicamente a magistrados y jueces para que acomoden fallos a sus intereses.
¿Acaso pudiera considerarse violencia al principio constitucional de la independencia de los órganos del Estado si el presidente de la Corte expone esta grave situación al presidente de la República, y le exige a este que le prohíba y sancione a los ministros por esta transgresión?
Igualmente, creo que, en el ejemplo expuesto, el presidente de la Corte estaría cumpliendo con un deber constitucional. Para mí, no hacerlo iría más allá de violar el principio constitucional de la armónica separación de los órganos del Estado.
¿Sigue su confianza en el Ministerio Público?
Definitivamente, creo que la procuradora y las valerosas fiscales anticorrupción están cumpliendo con capacidad y valor personal los deberes que le imponen la ley y la Constitución. Merecen no solo apoyo, sino gratitud. Por ellas, también saldremos a la calle. La mafia debe devolver los millones que sacó de los bolsillos del pueblo.