Enfrentar la desigualdad, garantizar una educación de calidad, reducir el empleo informal y atender las crecientes cifras de embarazos precoces son los principales retos que deberá enfrentar el país en los próximos años para alcanzar un mejor nivel de desarrollo humano.
Así lo concluye un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue presentado ayer y que se denomina Pulso social: realidades y perspectivas.
Se trata de un documento en el que se hace un análisis de 22 países de América Latina y el Caribe, sobre cómo han variado sus indicadores sociales relacionados con pobreza, ingreso económico, desigualdad, características de las viviendas y acceso a servicios de agua potable.
En el informe se detalla que el ingreso per cápita en la región creció 2.4% entre 2008 y 2014, lo que impactó positivamente en la reducción de la pobreza.
Sin embargo, también resalta que los países están en distintos estados de desarrollo económico y que sus retos y estrategias de crecimiento difieren.
Precisa que las familias de pobres en la región son más numerosas que las de clase media, en un promedio que va de 4.3 a 2.8 miembros, respectivamente.
El informe también destaca que 69% de las mujeres adultas pertenecientes a la clase media trabaja, mientras que entre los pobres y vulnerables solo el 50% de las mujeres lo hace.
En materia educativa, el informe social señala que la inasistencia escolar entre jóvenes pobres de 12 a 17 años es más alta (17%) que entre los vulnerables (12%) y la clase media (7%). Mientras que el 73% de los adultos mayores de 64 años de clase media recibe una pensión con base en su contribución y solo el 13% de los pobres tiene acceso a pensión.
Marco Robles, economista del BID, subrayó que la región debe enfrentar serios desafíos para disminuir la brecha de desigualdad, garantizar una educación de calidad y reducir el empleo informal que afecta a dos terceras partes de la población adulta. Incluso, hizo hincapié en atender el tema de la fecundidad adolescente.
De hecho, Pulso social precisa que las tasas de fecundidad de las mujeres entre los 15 y 19 años en la región son de las más altas en el mundo. En 2014, América Latina y el Caribe registraron la segunda mayor tasa de fecundidad, es decir, 65 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad, después de África, con 103 nacimientos.
Panamá figura en la posición número 7 entre los 22 países de la región con la más alta tasa de embarazos de jóvenes, con un rango aproximado de 80 nacimientos por cada mil jóvenes.
En ese sentido, el especialista manifestó que el costo para la madre y el niño en términos del desarrollo de su potencial como individuos, así como el gasto público que implica el embarazo temprano, demandan políticas que consideren la complejidad del problema.
Respecto a estas amenazas, Hildegard Vásquez, directora de la Fundación Calicanto y una de las panelistas invitadas a la presentación del documento, dijo que urge una política social en la que se conjuguen los esfuerzos de las entidades de gobierno, oenegés, el sector privado y las familias.
Añadió que para lograr los cambios que se quieren con miras a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 y mejorar la condición de vida de la población en general se necesita cambiar la manera de educar y de medir la pobreza solo en términos del ingreso económico.
Por su lado, el economista Felipe Chapman manifestó que si bien es cierto que los avances económicos logrados por el país en los últimos años abren las posibilidades de hacer los cambios requeridos, hay que trabajar mucho más en el tema.
A su juicio, el camino debe estar enmarcado en transformar las políticas públicas de empleo y de educación.
ASISTENCIA DISPAR
Por otro lado, el Pulso social apunta a que los fondos que se destinan desde el Estado para reducir la pobreza no están siendo distribuidos de forma eficiente.
En Panamá, esta situación se evidencia a través del programa 120 a los 65, en el que, a pesar de que tiene una cobertura de 56.6% de la población en pobreza extrema, también se distribuye a 52.2% de personas que no son pobres.
El informe sugiere que se debe llevar a cabo una refocalización de las transferencias, lo que podría generar beneficios tanto en reducción de pobreza como en ahorros fiscales.
Al respecto, Michelle Muschett, viceministra de Desarrollo Social (Mides), indicó que mediante el Registro Único de Beneficiarios, además de integrar todas las asistencias sociales que ofrece el Estado, se permitirá dar seguimiento a los programas, evitar la duplicidad de beneficiarios e impedir que las personas que no necesitan estas asistencias las reciban.
Agregó que se está haciendo hincapié en el tema de las “corresponsabilidades” de los receptores de las asistencias y su capacitación para que abandonen los círculos de pobreza.
Desde el Ministerio de Educación se informó también que la creación del Instituto Técnico Superior y el inicio de la transformación de la educación a nivel primario permitirán lograr avances en la reducción de la pobreza.