El expresidente Ricardo Martinelli presentó una acción judicial para solicitar el embargo de la administración de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), alegando que la empresa había incumplido con el pago de un préstamo por $7.59 millones, que él facilitó en enero de 2020.
El Juzgado Decimoquinto Civil, a cargo de Lina Castro De León, negó el reclamo a principios de este mes.
Martinelli presentó la acción cuatro días después de que el Ministerio Público comunicara que había solicitado enjuiciarlo (junto a otras 24 personas) por el presunto uso de fondos públicos en la compra de Epasa.
Jueza niega a Martinelli recurso de nulidad en el caso New Business
El Juzgado Tercero Liquidador declaró no probado un incidente de nulidad presentado por el expresidente Ricardo Martinelli dentro del caso New Business.
Revés en el ámbito penal
El Juzgado Tercero Liquidador también negó un recurso al expresidente Martinelli, con el que pretendía anular el caso New Business, apelando al principio de especialidad que, según él, todavía lo ampara tras ser extraditado de Estados Unidos por el caso de los pinchazos.
La decisión de la jueza Baloisa Marquínez consta en el edicto No 549 colgado en ese despacho. El fallo tiene fecha del pasado 9 de marzo, pero la notificación vía edicto es del 13 de abril.
Marquínez se basó en el artículo 548 del Código Procesal Penal, que dice que “una persona que ha sido extraditada al territorio de la República de Panamá no deberá ser procesada, sentenciada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de la libertad personal en el territorio de la República de Panamá o reextraditada a un tercer Estado por delito alguno cometido antes de su entrega que no sea el mismo por el cual ha sido extraditada, a menos que: la autoridad competente del Estado extranjero haya dado expresamente su consentimiento”.
Segundo, “que la persona extraditada, habiendo tenido la oportunidad de salir voluntariamente del territorio de la República de Panamá, no lo haya hecho en el periodo de treinta días posteriores a su libertad final con respecto al delito por el cual ha sido extraditada o si voluntariamente ha regresado a territorio panameño luego de abandonarlo y que cualquier proceso que contravenga estas disposiciones será declarado nulo”.
Además, que “cualquier solicitud para exceptuar la regla de especialidad deberá acompañarse de una sustentación razonada y copia de la documentación que la sustente”.
El gobierno de Estados Unidos dijo a comienzos de 2020 que el principio de especialidad que rigió en el caso del exgobernante –extraditado desde ese país el 11 de junio de 2018 por el caso de los pinchazos– ya no aplica, pues a Martinelli se le ha permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada remitió al juzgado el pasado 18 de marzo la vista fiscal del caso New Business y pidió enjuiciar a 25 personas y sobreseer a 9. En este caso se investiga la compra del grupo Editora Panamá América S.A. (Epasa) con presuntos fondos públicos.
Demanda a Epasa
En tanto, Martinelli acudió a los tribunales para que se condenara a Epasa al pago de hasta $7.59 millones por una presunta deuda.
Martinelli, además, pretendía que se le entregara la administración de Epasa por la vía de un embargo.
Ambas solicitudes –el pago y el embargo– fueron negadas por la jueza decimoquinta civil, Lina Castro De León, el pasado 6 de abril.
La demanda fue presentada el lunes 22 de marzo, cuatro días después de que el Ministerio Público (MP) informara al país que había enviado la vista fiscal del caso New Business.
El MP también comunicó entonces que se habían “recuperado” $9.2 millones en acciones de Epasa, lo que representa el 30% de las acciones del grupo editorial. Las acciones “fueron remitidas al Tesoro Nacional”, lo que convierte al Estado en accionista de Epasa.
Martinelli ya es el accionista mayoritario de Epasa, empresa que adquirió en su mandato (2009-2014).
El reclamo se sustenta en un presunto pagaré fechado el 2 de enero de 2020, en el que Epasa se comprometió a pagar $7.59 millones a Martinelli, con un interés del 3% sobre el capital adeudado.
El pagaré –cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2020– fue firmado por Martinelli (acreedor) y Theodoros Theodorou (deudor). Theodorou figura como tesorero de la junta directiva de Epasa, razón por la que la jueza Castro negó la demanda, ya que –según ella– quien debía firmar el documento, a nombre de Epasa, es Luis Eduardo Camacho González, su presidente y representante legal.
Castro es la misma jueza que en junio pasado decretó el secuestro, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, de las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), como parte de una demanda civil que presentó hace nueve años el expresidente Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios.
