El posible “riesgo de fuga” fue determinante en la decisión del juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que ayer negó una fianza de libertad al expresidente Ricardo Martinelli, detenido en Miami desde el pasado 12 de junio.
“Aunque hemos considerado la posibilidad de fianza basado en su condición de exjefe de Estado, esa consideración es desestimada ante el riesgo tangible de fuga que podría incentivar al presidente Martinelli a sustraerse de este proceso y buscar asilo en otro lado”, indicó el juez Torres en una moción divulgada este viernes 7 de julio.
La decisión implica que Martinelli estará detenido hasta completar el proceso de extradición.
“No podemos permitir que las obligaciones adquiridas en un tratado [de extradición] se vean lesionadas por una fianza otorgada a un individuo con los medios, motivos y poder para abandonar su defensa del caso”, señaló Torres.
Igualmente, se anunció que el próximo martes 25 de julio, a las 9:00 a.m., el exmandatario acudirá a una audiencia —la tercera hasta ahora—. Las otras dos se celebraron el 13 de junio —un día después de su detención por alguaciles federales en Coral Gables— y el 20 de junio.
El juez advirtió a Martinelli que puede renunciar al procedimiento de extradición y regresar voluntariamente a Panamá. “O puede optar por recurrir a todos los recursos a los que tiene derecho para evitar la extradición. En todo caso, esta Corte está dispuesta a acelerar el proceso en la medida de lo posible”, remarcó.
Martinelli ha prometido una “larga lucha” para evitar su regreso a Panamá; sus abogados en Miami han dicho que presentarán habeas corpus y apelaciones si la Corte finalmente ordena su extradición. El procedimiento, por tanto, se anticipa largo. De hecho, el juez reconoció que está apenas “empezando”.
El pedido de fianza fue negado, pese a que el propio Martinelli propuso consignar el 10% de una fianza de $5 millones —respaldada por su esposa Marta Linares de Martinelli—, así como una segunda fianza, esta vez por $2 millones. Además, dijo estar dispuesto a entregar la custodia de su avión privado, a portar un brazalete electrónico, a permanecer en su residencia en Miami y a pagar para que un agente policial (retirado) le vigile las 24 horas.
“Martinelli representa un serio riesgo de fuga, porque podría aprovechar sus conexiones —y sus abrumadores recursos financieros— para establecerse en el extranjero”, remarcó Torres.
LAS RAZONES DEL JUEZ
En su moción divulgada ayer, el juez refutó cada uno de los argumentos de la defensa para solicitar la fianza con base en “circunstancias especiales”.
Una de esas “circunstancias” sería que Martinelli goza de doble inmunidad: una, como expresidente de la República, y otra, como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La primera la asumió Martinelli por aquello de que la Constitución señala que los presidentes no son responsables por las decisiones asumidas en el ejercicio del cargo.
Al respecto, el juez fue claro: “La inmunidad puede ser clamada si es juzgado en Panamá, pero no es relevante para este procedimiento de extradición”. Advirtió que —como ya han señalado los fiscales de Miami— la extradición es un acto meramente “administrativo”, y el juez se limita únicamente a verificar si la solicitud cumple con los requisitos listados en el tratado bilateral que firmaron Estados Unidos y Panamá en 1904 y en otros convenios multilaterales del que ambos son signatarios.
El juez también consideró irrelevante el reclamo de la defensa acerca de que no hay una orden de arresto y que a Martinelli no se le han imputado los cargos. “Estos argumentos fracasan porque los cargos fueron debidamente detallados en la solicitud de extradición de Panamá”, que —en su momento— fue debidamente revisada por el Departamento de Estado estadounidense.
Otra “circunstancia especial” esgrimida por Martinelli es que el procedimiento será“prolongado”, dada su intención de presentar habeas corpus y apelaciones si la Corte ordena su extradición.
La defensa también alegó que el expresidente no tiene antecedentes criminales y que debería ser liberado porque tiene 66 años de edad, recientemente se sometió a cirugías, recibe medicamentos y la detención le produce estrés. “Nada de esto es considerado una circunstancia especial”, anotó el juez.
Sobre la afirmación que el proceso judicial tiene un interés político, Torres señala que los hechos y evidencias aportadas en la solicitud de extradición son suficientemente sólidos y fueron previamente analizados por el Departamento de Estado. El juez —que es consciente de que Martinelli solicitó asilo hace dos años— también respaldó la declaración aportada por el magistrado fiscal Harry Díaz en la solicitud de extradición, pese a los intentos de Martinelli por “socavar su fiabilidad”.
En Panamá, el exmandatario es requerido por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en sus dos últimos años como presidente.
En su escrito de acusación, Díaz le endilga la presunta comisión de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado de apropiación y peculado de uso. Si es hallado culpable, enfrentaría hasta 21 años de prisión. El juez Torres advirtió que Martinelli podría ser extraditado para enfrentar uno —y no todos— de los cargos que se le endilgan.