Tras la masacre de La Joyita del martes 17 de diciembre de 2019, en la que murieron 15 personas y se emplearon fusiles AK47, las miradas se dirigieron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsable de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Al día siguiente, el miércoles 18 de diciembre, en una conferencia de prensa para informar los resultados de un Consejo de Gabinete, el presidente Laurentino Cortizo declaró: “Tomaremos medidas duras, sin contemplaciones, para que no vuelva a pasar”. Acompañado del ministro Romero, informó de la suspensión de sus cargos del jefe y subjefe del Sistema Penitenciario, así como de tres funcionarios de la Policía Nacional (PN) vinculados a la seguridad en La Joyita. Además, Cortizo dio un plazo de dos semanas a Romero y al ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, para que entreguen un informe.
Paralelamente, la Unidad de Homicidios y Feminicidios, a cargo del fiscal David Mendoza, inició una investigación, que dejó al desnudo las grietas del sistema penitenciario, que tiene la responsabilidad de velar por la reclusión y reinserción de cerca de 17 mil privados de libertad.
Hasta Eduardo Ulloa, procurador de la Nación a partir del próximo 2 de enero, se pronunció. “Todo aquel que tenga un grado de responsabilidad tendrá que responder. Tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional tienen que hacer una purga”, dijo.
Ese agitado miércoles 18, mientras Cortizo y Romero intentaban dar una explicación al país de lo ocurrido, a la Procuraduría de la Administración, la institución que por ley debe “vigilar la conducta oficial” de los servidores públicos y “cuidar” que cumplan con sus deberes, llegaba una queja que señalaba a Romero. El abogado Ernesto Cedeño presentó un libelo en la que decía que el ministro no habría ejercido los controles adecuados.
El propio Romero admitió que no se habían hecho requisas en el pabellón donde se produjo la masacre, pese a que el abogado Carlos Herrera Morán lo alertó de la introducción reciente de armas en los penales. Cuatro días después, durante una discusión en el programa Radar, de TVN, Romero aclararía que se hicieron revisiones en las celdas, pero no a profundidad, como sí se harían los días viernes 20 y sábado 21 de diciembre, con el apoyo de más de mil agentes de la PN. Además, dijo que la información proporcionada por Herrera Morán era muy genérica.
Tras esas requisas, Mirones mostró a la prensa videos en los que se aprecian escondites de armas debajo de planchas de concreto, lo que sugiere que quien hizo este trabajo debió invertir mucho tiempo, si es que no tenía las herramientas para ello.
Mirones aclaró entonces que el presidente le pidió colaborar con la investigación, ya que el responsable es el Ministerio de Gobierno. Ese sábado, las tres instituciones que preparan el informe (los ministerios de Seguridad y de Gobierno, y la Policía Nacional) se reunieron para coordinar detalles.
“En ese informe se van a determinar todas las responsabilidades. Y créanme, caiga quien caiga, caiga quien caiga, porque aquí vamos a determinar quiénes tuvieron responsabilidad, ya sea por acción u omisión”, dijo Mirones.
Y, precisamente, la omisión de funciones sería el punto central de la investigación que adelanta el procurador Rigoberto González, quien el pasado 23 de diciembre, a través de una carta, le notificó al ministro Romero que dispuso acoger la denuncia administrativa a raíz de la queja del abogado Cedeño, por presunto “incumplimiento de las funciones y conducta oficial del servidor público” dentro del Mingob.
González le pidió un informe explicativo a Romero en un término no mayor de cinco días, “sobre los hechos denunciados, las medidas que hubieren tomado en cuanto a la responsabilidad de aquellos que causaron las conductas denunciadas, las actuaciones administrativas que han tomado posterior al hecho de violencia suscitado en el Centro Penitenciario La Joyita y los correctivos que se estarían implementado, para que casos como el señalado no se vuelvan a suscitar”.
El plazo para entregar el informe pedido por el procurador González coincide con el exigido por el presidente Cortizo, quien ha prometido dar detalles al país de la investigación una vez la tenga entre sus manos.
González, por su lado, tiene dos meses como fecha tope para concluir sus pesquisas.