La fase intermedia del caso de los pinchazos se inició un lunes, el 11 de junio, y terminó ayer lunes, 26 de noviembre. El magistrado Jerónimo Mejía demostró una profunda paciencia y una inspiración pedagógica que ayudaron a enmarcar este proceso.
Mejía terminó su rol como juez de garantías enumerando las pruebas admitidas a las partes, evacuando las reconsideraciones y haciendo un llamado a sus colegas para que entiendan el fundamento de la competencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre este caso. El jurista exploró la ley procesal panameña, la jurisprudencia de la propia Corte en este mismo caso, y usó la doctrina del procesalista colombiano Hernando Devis Echandía y un latinazgo, perpetuatio jurisdictionis, entró al léxico popular de los panameños: la competencia no es voluntaria y no se pierde.
Aunque Mejía ya no conocerá ningún aspecto del caso de los pinchazos, su trabajo presenta a sus colegas de la Corte Suprema dos opciones: declinar la competencia o enjuiciar al expresidente de la República.
El pleno de la Corte debe trabajar paralelamente en dos carriles. Dentro del sistema penal acusatorio, el pleno, presidido por el magistrado Hernán De León, deberá resolver las apelaciones interpuestas por la defensa del expresidente, en una audiencia pública, con la presencia de todas las partes, antes de iniciar el juicio propiamente dicho. Por su parte, si el amparo de garantías constitucionales sobre la competencia recibe los votos necesarios, a puerta cerrada, se puede descarrilar el proceso. Si la Corte declina su competencia, el caso iría, tal y como lo dejó Mejía, a la justicia ordinaria, siguiendo las reglas del sistema penal acusatorio.
Mejía demostró los alcances y las limitaciones del nuevo sistema procesal. Quedó en evidencia que es muy complicado que la Corte investigue y juzgue a los diputados. Los próximos meses pueden confirmar esto.