“En la lucha nacional contra el crimen, no he negociado ni negociaré con delincuentes”. Así lo dijo en su informe a la Nación el presidente Laurentino Cortizo el domingo pasado. No estoy seguro de qué entiende el presidente por delincuente, pero es obvio que no coincidimos en su definición. Si Cortizo la limita al tipo que secuestra y/o asesina, su definición es harto estrecha. Hay otros, menos sugerentes que el que irrumpe en un banco, revólver en mano, anunciando un asalto, pero tan peligrosos como Hilario Chen.
Esos son delincuentes de cuello blanco y de esos abundan en todos los gobiernos, incluido el de Cortizo, quien habiendo sido diputado, conoce perfectamente el significado y el olor de los “mameyes”, ya que vivió de cerca uno de los mayores escándalos de la Asamblea Nacional y del país: el caso Cemis.
Decirnos que no ha negociado con delincuentes es de las cosas menos creíbles de su discurso. ¿Cree que nos convencerá de que nunca ha negociado con algún político maleante o que no se ha sentado con corruptores camuflajeados de empresarios que buscan el rédito prometido a sus “inversiones” de campaña? En Panamá no se llega al poder sin antes negociar concesiones.
Con pocas excepciones, la profesión de político en Panamá es sinónimo de corrupción. Por ello, mucha gente decente prefiere vivir el eterno tormento del robo que perpetra esta cleptocracia que ser parte de ella o sentarse a la misma mesa –conteniendo el vómito– con políticos cuya única meta es llenarse los bolsillos con plata nuestra.
El crédito extraordinario que aprobó el Gabinete, que incluyó $8 millones para pagar la planilla 172 –la cash back– de la Asamblea, ¿no es producto de negociaciones con maleantes? Recordemos que para entonces estabámos casi presos en casa por la pandemia. Entonces, ¿para qué tanto personal?
¿Acaso la ley que permite a personas jurídicas o naturales adquirir bonos, acciones u otros instrumentos financieros, emitidos por empresas turísticas, recibir crédito fiscal sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas no, es producto de un negocio que legalizó un robo al Estado?
¿No fue el Ejecutivo el que permitió las maleantadas en Tocumen con los hisopados o gestionar la compra de ventiladores a precios de objetos espaciales o el hospital de Albrook? ¿Acaso Cortizo no recuerda que sancionó la fragmentación de varios distritos del país para beneficiar a la maleantada de su partido y aliados?
Ahora, la plaga política quiere trasladar el teatro de su corruptela al Canal, penetrar sus sindicatos y tener libre acceso a puestos de trabajo que hasta ahora estaban fuera de su alcance. Ya está anunciado, solo falta que se apruebe la ley y su sanción.
Ese olor a “mameyes” no se olvida. Y el presidente no sabe disimular lo agradable que le resulta que su gobierno despida ese peculiar y penetrante olor a “mameyes”.
