El aciago nos ha consumido durante 195 días. Pero no solo ha sido la pandemia. En estos seis meses, nunca antes había sido tan palpable ni tan doloroso darnos cuenta de que somos ciudadanos de segunda si nos comparamos a la casta gubernamental. Sabemos que lo somos frente a la justicia y ante la ley, y ahora lo somos ante nuestras acuciantes necesidades. El “Panamá solidario” del que habla el presidente es un estúpido eufemismo para ocultar una alarmante pobreza de criterio en altos cargos gubernamentales y el facineroso negocio de la salud, a lo que hay que sumar la peor de las indolencias.
No manejan el país como la gran empresa de Panamá; ni siquiera alcanzan la categoría de principiante en un juego de Monopolio, pero ahí están, decidiendo el uso de más de $20 mil millones al año. Están atentos a la mínima oportunidad de sacarle provecho a su posición, de coimear o vender alguna baratija al Estado por una fortuna. El ejemplo más palpable de donde se juntan la política y la imbecilidad es la Caja de Seguro Social.
No son los jubilados ni los pacientes los que acabarán con esta institución. Es una pila de incapaces, corruptos y oportunistas los que, con su presencia, cavan poco a poco la fosa donde terminarán sus restos. Muchos de sus directores han sido cómplices del asesinato de esta institución. Unidos a políticos y empresarios, extraen, cual vampiros, sus recursos; la explotan como esclavistas. Pareciera que su misión es llevarla a la bancarrota. Ojalá hubiese palabras para describir la miseria de sus almas, pero solo nos queda ver su lacerante cinismo en la televisión.
Las arcas del Estado constituyen el medio más rápido y lucrativo de hacerse rico. Me gustaría saber cuántos políticos de Panamá tienen más de un millón de dólares en su haber y su origen. La Dirección General de Ingresos (DGI) y la Contraloría General de la República podrían ayudarnos a saberlo… pero eso no pasará. Una auditoría de la DGI podría calcular el nivel de vida de los funcionarios, pero no pasará. La Contraloría nos podría informar sobre sus ingresos, y cuánto de ello proviene del Estado, pero no pasará. Se podrían llevar ante la justicia por enriquecimiento injustificado, pero no pasará. Podrían ser, incluso, condenados, pero eso nunca pasará.
Somos un país gobernando por pandilleros, cuya única gran virtud es ocultar tras el cuello y la corbata lo que verdaderamente son. Han convertido el país en una apestosa alcantarilla por donde circulan millones mal habidos. Se rasgan el saco queriéndonos hacer ver que son patriotas, dispuestos a ayudar a su pueblo. Pero el dinero del Estado se lo gastan en carros, botellas, sobreprecios; cobran coimas, favores, comisiones, ayudas, chashback, salves, etc. Siempre hay un “¿qué hay pa’ mi?”
Sufrimos dos pandemias, pero la segunda –la que contagian los pandilleros políticos– acabará sepultado nuestra democracia y lo que nos queda de país.