En la última década del siglo pasado, la lucha contra la delincuencia organizada alcanzó una alta intensidad en Italia, lo que le costó la vida a periodistas, jueces y fiscales. No existían las herramientas que favorecieran la cooperación y la capacidad de los fiscales para combatirla. Rápidamente, se redactó en una conferencia de especialistas la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional o Convención de Palermo. Junto con su hermana, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, son el marco de referencia internacional que obligó a Panamá a modernizar su legislación para combatir estos delitos. La Ley 121 de 2013 aterriza, en sus 52 artículos, los mandatos de la Convención de Palermo e integra la experiencia panameña en materia del combate a los delitos graves, los cuales son aquellos que implican la participación de un grupo organizado en cualquier conducta de los 22 tipos penales: desde tráfico de drogas hasta peculado.
Para que esta ley se aplique, el Ministerio Público (MP) debe solicitarlo al juez de la causa. En el caso de New Business se negó esta calificación, pero en el de Odebrecht el juez sí emitió un auto en tal sentido. ¿Cuáles son los efectos de declarar un caso complejo? El impacto de esta caracterización es procesal, ya que se extienden los términos, y el periodo de detención provisional puede alcanzar los cuatro años.
El MP y los investigadores pueden utilizar mecanismos, como operaciones encubiertas, transacciones simuladas, rastreo internacional, y la reserva del caso frente a las partes es la mayor que existe en el ordenamiento procesal. Cuando se aplica la Ley 121 a un sumario, el artículo 2033 del Código Judicial es irrelevante, porque estos delitos tienen su propia legislación.
*El autor es abogado
