El diputado de Cambio Democrático y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, aseguró desconocer las prohibiciones legales que impiden colocar su nombre en bienes estatales.
“Mandaré a mi equipo a que retire los distintivos de los vehículos de juntas comunales y escuelas”, prometió.
El Código Civil estipula claramente que “la ignorancia” sobre el contenido de las leyes “no sirve de excusa” a los infractores.
Hernández admitió que estampó su nombre después de la entrega de los bienes, contrario a lo dicho por la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez, quien dijo que recibió equipos con el nombre de su tía, la diputada Dana Castañeda. Pero ellos no son los únicos.
DIPUTADOS DESAFÍAN LAS LEYES
En claro desafío a la ley y a la orden impartida ayer por la Procuraduría de la Administración, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento mantienen vehículos y otros bienes estatales con sus nombres o, como en el caso de la alcaldesa de La Pintada, de otra autoridad que, en su caso, es familia suya.
El diputado de Cambio Democrático y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, y su homólogo del Partido Panameñista Jorge Iván Arrocha aseguran desconocer que existían normas jurídicas que prohíben estampar sus nombres en los bienes públicos, entre ellos, vehículos, equipos y en actos de obras sociales.
Hernández aseguró que no sabía que existía la prohibición. Aceptó que no son fondos propios con los que se adquieren los bienes para juntas comunales y escuelas, sino dinero de las partidas que obtuvo desde la pasada administración.
Hernández manejó más de 8.5 millones de dólares entre 2009 y 2014, entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en reemplazo de las extintas partidas circuitales.
Cuando se entregaron los vehículos a las juntas comunales, ¿usted le colocó su nombre o ellos lo hicieron?
“Eso se hizo después, por agradecimiento. Esto no viene de la nada. Generalmente por la cercanía que uno tiene con el distrito y por nuestra gestión es que consiguen los buses”, respondió. Agregó: “sé que algunas escuelas lo han ido quitando”.
Insisto, ¿ellos o usted colocaron su nombre en los bienes públicos?
Ellos me dijeron que podía colocarlo.
Pero usted sabía que esto es ilegal, ¿por qué hacerlo?
Cuando se hizo eso no era prohibido por la ley.
¿Desconoce usted las prohibiciones establecidas en los códigos Fiscal y Electoral, así como en el Decreto 124 de 1998 y las leyes 37 de 2009 y 66 de 2015 sobre el uso de los bienes públicos?
La verdad que no sabía que había leyes de antes hasta que llegó la notificación del ministerio [de Economía y Finanzas] en que se informaba eso. Pero no a mí, sino a una escuela, y ellos me lo llevaron a mi oficina.
Usted ha tenido notificación de la Contraloría General sobre la colocación de su nombre en los bienes públicos?
No.
¿Se ha contactado la Contraloría con usted sobre las auditorías que realiza por la entrega de fondos que manejó en partidas?
“Bueno, sí. Cuando han considerado que hay algún faltante entonces nos dan la oportunidad de aclarar cosas que han salido de la auditoría”.
En la misma línea se expresó el diputado oficialista Arrocha, quien indicó que “ese es uno de los primeros buses que salieron empezando la gestión. No es que sea una práctica, sino que se manejaba la costumbre de poner bajo qué gestión y cómo se manejó, ya que los fondos no salieron del Meduca [Ministerio de Educación]”.
“No estoy en todos los lugares a la vez” para comprobar si su nombre se ha retirado de los bienes que ha gestionado para diversas comunidades. Pero dijo sentirse “muy seguro” de que su nombre no estaba en obras, ya que “enviaron una circular sobre ese tema”.
¿Usted sabía que esto es prohibido, que es ilegal?
“No existe ningún artículo en la Constitución que diga que es ilegal que el diputado gestione ayuda en su comunidad”, respondió, eludiendo la pregunta.
Agregó que “la comunidad debe saber que nosotros somos los que estamos gestionando los recursos del Presupuesto General del Estado, que es de todos los panameños”.
Diputado, pero eso no está en sus funciones.
“¿Quién le dijo a usted que no?”, respondió y añadió: “Soy abogado de profesión”.
Usted dice que es abogado, pero ¿desconoce las prohibiciones de los códigos Fiscal y Electoral?
“Yo puedo gestionar recursos para mi comunidad”, dijo, sin atender la pregunta.
Pero eso no lo faculta para colocar su nombre.
“Esa es su opinión, yo se la respeto, pero no la comparto. Yo ahora no estoy poniendo mi nombre, pero sí he visto buses de muchos diputados dando vueltas por ahí”.
¿Cómo cuáles de sus colegas?
“No sé, averígüelo usted”.
Pero usted es el que hace la denuncia.
“Averigüe. Que lo hagan las autoridades competentes. Yo no soy autoridad, o [que lo hagan] los ciudadanos. Cada quien hace su trabajo”, se defendió.
‘Al BAGAZO, POCO CASO’
“Qué sofoco. Jajaja, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Por mí, se pueden gastar todas las páginas de los periódicos, como dice un refrán: al bagazo, poco caso [sic]”. Así respondió en su cuenta de Facebook la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez Castañeda, comentario ilustrado con las quejas de su tía, la diputada Dana Castañeda, favorecida con propaganda proselitista en bienes municipales.
Para Rodríguez Castañeda, retirar el nombre de su tía de los vehículos municipales es más una “persecución”.
“Es correcto, es una persecución, porque yo no soy la única que tiene vehículos con etiquetas, hay un montón de gente como se lo dije ayer y no veo cuál es la enseñanza que sea con nosotros; es más, en la provincia hay un montón de gente”, dijo.
Usted sabía que esto era ilegal y tenía una orden de hace más de cuatro meses, ¿por qué no la cumplió?
“Asimismo está un montón de gente y no salen en el periódico en la primera plana”, se quejó.
¿Podría mencionar nombres de municipios y juntas comunales que dice usted que tienen bienes estatales identificados con nombres de diputados?
“Usted es periodista y puede investigarlo –dijo– Yo no voy a involucrar a nadie”.
En la nota que envió el Procurador de la Administración, Rigoberto González, a todos los municipios, juntas comunales y funcionarios en general, que quien tenga en conocimiento hechos ilegales, como la colocación de nombres de políticos en bienes del Estado, tiene el deber de denunciarlo, ¿usted denunciará estos ante la Contraloría?
“Yo sé perfectamente bien que esto es una persecución política que nos están haciendo”.
Pero no me ha contestado la pregunta: ¿Interpondrá las denuncias pertinentes ante la Contraloría?
“Tanto el procurador como la Contraloría tienen funcionarios por todos lados. Que manden a todos a los municipios, juntas comunales y a todas las instituciones para que quiten los nombres de todos los representantes, alcaldes, diputados y de todos. Me mantengo en que es una persecución contra este municipio”.
La funcionaria evitó responder a esta y otras preguntas, aduciendo que se dirigía a una reunión.