La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió parcialmente una demanda de indemnización por $168.3 millones contra la Caja de Seguro Social (CSS), por daños ocasionados a pacientes afectados por la ingesta de medicamentos contaminados con dietilenglicol, previamente elaborados por los laboratorios de esa entidad.
El fallo, fechado el pasado 30 de diciembre, aunque fue notificado mediante edicto fijado en la Secretaría de la Corte Suprema la semana pasada, guarda relación con 421 demandas interpuestas en 2018 por la la firma de abogados Carreira Pitti PC en representación del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida.
En la sentencia, la Sala excluyó a 32 de los 421 demandantes por “no estar debidamente certificados como afectados por el tóxico”.
Gabriel Pascual, vocero del comité, detalló que estas personas fueron excluidas “por imperfecciones en la documentación presentada” en las demandas.
Según Pascual, independientemente de esta decisión, el comité continuará tramitando las demandas en busca de justicia.
El magistrado Cecilio Cedalise se declaró impedido de conocer las demandas, aunque en el edicto no se especifica la razón.
Cedalise también se declaró impedido en otras 300 demandas presentadas por el abogado Víctor Orobio en representación de igual número de víctimas. Si la Sala les da la razón, la CSS tendrá que pagarles unos $2,400 millones.
En estas demandas se alega falta de supervisión en el laboratorio de medicamentos de la CSS, que fabricó los medicamentos contaminados con el tóxico.
El caso data de 2006. En agosto se detectaron los primeros casos y en octubre las primeras muertes. Lo ocurrido es considerado como una de las peores tragedias de salud pública en el país. El perredista Martín Torrijos gobernaba Panamá, el ministro de Salud era Camilo Alleyne y el director de la CSS, René Luciani.
Hasta 2015, cuando el Ministerio Público cerró la investigación, oficialmente se había reportado la muerte de 170 personas, de un total de 8,000 que se calcula pudieron haber sido afectadas. Las investigaciones determinaron que las medicinas fueron elaboradas con dietilenglicol en vez de glicerina y que el producto fue importado por la empresa Medicom, S.A., proveedor de la CSS.
En abril de 2017, la Sala Penal condenó a Luciani a 18 meses de cárcel –pena que luego fue ajustada a 16 meses–. También condenó a 18 meses de prisión a otros siete exfuncionarios –entre ellos el exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís; la exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS Linda Thomas; y el exasistente de farmacia de la CSS Ignacio Torres–. Asimismo, sentenció a 5 años a Teófilo Gateno, quien financió la compra del tóxico, y aumentó de 5 a 15 años de cárcel la pena a Ángel De La Cruz, dueño de Medicom.
En enero de 2018, Luciani pidió el reemplazo de la pena, pero un juzgado de cumplimiento se lo negó. Su defensa presentó un amparo, que fue negado en marzo. En abril, empero, otro juzgado de cumplimiento le declaró extinta la pena.