La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la admisión de la demanda de nulidad presentada por la Fiscalía de Cuentas contra una resolución del Tribunal de Cuentas que fijó en $3.2 millones el monto que el Consorcio Hidalgo & Hidalgo (H&H) debe devolver al Estado por el fallido proyecto de Riego de Tonosí, asignado a esa empresa entre los años 2012 y 2014, en la administración de Ricardo Martinelli.
Bajo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, la Sala Tercera rechazó un recurso presentado por el abogado Jaime Miguel Barroso, en representación del Tribunal de Cuentas, que buscaba dejar si efecto este proceso.
El fallo permite a la Sala Tercera de la Corte seguir con la demanda presentada por el hoy exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, para aumentar el monto que la empresa H&H debe devolver al Estado.
El 22 de octubre de 2019, Rodríguez presentó una demanda de nulidad contra la resolución por la cual el Tribunal de Cuentas redujo sustancialmente el monto que H&H debía entregar al Estado.
La demanda
Según la demanda, el Tribunal de Cuentas actuó de forma prematura al establecer el monto que la empresa debía devolver, ya que la investigación de la Fiscalía de Cuentas concluyó, en base a la auditoría No 05-10-2015-DIAF del 14 de septiembre de 2015 de la Contraloría, la existencia de una lesión patrimonial de $29.2 millones.
Entre los argumentos de la demanda se encuentran que la decisión del Tribunal de Cuentas viola la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, en la cual se establece que la jurisdicción de cuentas “juzga la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades contenidas en los reparos efectuados por la Contraloría en cuanto al manejo de los fondos públicos”.
También plantea que el Tribunal de Cuentas omitió el análisis de las pruebas acopiadas en el expediente por la fiscalía, en cuya vista fiscal se solicitó el llamamiento a juicio para los responsables del proyecto.
Fuentes ligadas al proceso explicaron que ahora la Sala Tercera debe convocar a una fase de presentación de pruebas por parte de la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, a fin de establecer si en realidad los magistrados del tribunal incumplieron la ley.
Esta sería la última instancia para que el Estado puede recuperar parte del dinero entregado para la realización del proyecto de Riego de Tonosí.
El caso penal
En septiembre del 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cerró toda posibilidad de sancionar a 33 personas a quienes se acusaba de presuntas irregularidades en el manejo de fondos del proyecto.
Los magistrados de la Sala Penal José Ayú Prado, María Eugenia López y Maribel Cornejo avalaron un fallo del Segundo Tribunal de Justicia, que anuló las pesquisas realizadas por el Ministerio Público por considerar que violaron las garantías fundamentales de los imputados, luego de que el Ministerio Público se excediera en el término de investigación.
El 10 de julio del 2019, el Segundo Tribunal Superior anuló la investigación seguida por el Ministerio Público a 14 funcionarios y 19 particulares, por presunto peculado en el manejo de los fondos asignados al proyecto.
Doce días después, el 22 de julio del mismo año, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga anunció la casación. Este proceso estuvo paralizado por tres años y siete meses, debido a la presentación de un gran cantidad de recursos judiciales.
La obra tenía un costo de $155 millones y a H&H se le adelantaron $31 millones.
