La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia negó una aclaración de sentencia, en la que se condenó al Estado panameño al pago de $20 mil por los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos Anthony y Sthepanie Rojas, como víctimas de un secuestro por parte de dos agentes de la Policía Nacional.
En un edicto colgado en la Secretaría de la Sala Tercera, se informa que, con la ponencia del magistrado Efrén Tello, se niega la aclaración de sentencia presentada por el abogado Balbino Rivas, en representanción de las víctimas.
Rivas presentó el recurso por considerar muy bajo el monto de la indemnización asignada por la Sala Tercera en este caso.
El abogado detalló que los policías implicados en este caso fueron condenados a 13 años de prisión, tras comprobarse su participación en el delito. No obstante, destacó que a pesar de haber comprobado la responsabilidad penal de los funcionarios de la Policía en el caso, la Sala Tercera solo concedió a sus clientes una indemnización de $20 mil. Asegura que las víctimas sufrieron graves secuelas sicológicas por este hecho.
En la demanda se pedía una indemnización de $7 millones.
Los hechos se remontan al 13 de agosto de 2009, cuando Marco Antonio Rojas y su hijo Anthony se desplazaban en un automóvil por el área de Río Abajo y fueron interceptados por un vehículo policial. Ambos fueron obligados a entrar a otro vehículo y por su rescate se solicitó el pago de $100 mil.
Una de las víctimas logró reconocer a unos de los secuestradores, que fue identificado como miembro de la Policía.
Durante la investigación realizadas por el Ministerio Público, se probó que uno de los organizadores del secuestro era teniente de la Policía.
No es la primera vez que la Policía debe hacer frente a una indemnización.
En noviembre de 2017, fue condenado al pago de $400 mil por los daños y perjuicios ocasionados a una familia de indostanes, quienes a la altura de la población de San Carlos fueron interceptados en un retén, tras confudir el automóvil en que viajaba con el de una red de narcotraficantes.
Durante el incidente, se produjo la muerte a dos menores de edad, uno de 6 años de edad y otro de 15.
En esa ocasión, los abogados de los familiares de las víctimas habían pedido el pago de una indemnización de $5 millones, pero la Sala Tercera de la Corte fijó el pago en $400 mil.
Por este caso, un teniente de la Policía fue condenado a una pena de 30 años de prisión por homicidio.