La organización internacional Save the Children coordina para poner en marcha en el país el proyecto Panamá Protectora, que promueve la protección de los niños, niñas y adolescentes de Panamá, en especial de los que se encuentran bajo cuidado institucional.
Panamá Protectora es un proyecto que se ejecutará en 18 meses, cuyo objetivo es potenciar capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para la protección de la niñez, acompañar los procesos de país dirigidos a la transformación hacia un sistema de cuidado alternativo basado en la familia, potenciar mecanismos para que la voz de los niños y adolescentes sea escuchada y fomentar los derechos de la niñez en el país.
La organización informó que este proyecto cuenta cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, y que están en la fase de presentación del proyecto a diversos actores de la sociedad, autoridades y otros, con la finalidad de generar alianzas y coordinar acciones estratégicas que promoverán la protección de los niños, niñas y adolescentes de Panamá.
El proyecto ha sido presentado a organizaciones como la Cámara Panameña de Desarrollo Social, Fundamorgan, Casa Esperanza, la Red de Derechos Humanos, la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, Aliados por la Niñez, entre otras. Además, ha generado acercamientos con entidades gubernamentales como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y agencias de cooperación como Unicef.
En Panamá, aproximadamente mil 100 niños y adolescentes se encuentran en centros de cuidado, según información proporcionada por la Senniaf.
Gran parte de estos centros de cuidado son iniciativas particulares.
Karla Pinder, gerente del proyecto Panamá Protectora de Save the Children, resalta que “Panamá necesita fortalecer su sistema de protección a la niñez y que con Panamá Protectora buscan apoyar y acompañar los esfuerzos del país hacia la protección de los derechos de los niños y adolescentes”.
En Panamá, un informe parlamentario difundido en febrero de 2021 señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctima de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.
