Después de dos años y medio de gestión, la promesa del presidente Laurentino Nito Cortizo de reformar la Constitución no se ha concretado y la posibilidad de que se materialice en lo que resta de su periodo es incierta.
Hasta el momento, se han agotado dos vías. Una de ellas es la del propio Ejecutivo, órgano que se vio obligado a retirar un proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Nacional para reformar la Carta Magna debido a que la ciudadanía se opuso a los cambios propuestos por los diputados.
Después surgió la posibilidad de una constituyente a través de iniciativas ciudadanas, pero ninguno de los tres grupos que buscaban firmas logró recolectar las 580 mil 742 rúbricas que se requieren.
Ayer, miércoles 22 de diciembre, venció el plazo para Firmo Panamá, movimiento que hasta el pasado 20 de diciembre había recaudado 11 mil 708 firmas. Este grupo está constituido por los opositores Partido Panameñista y Cambio Democrático; por el Partido Alternativa Independiente Social y el Colegio Nacional de Abogados.
Mientras, el pasado 15 de diciembre venció el plazo que tenía Panamá Decide para buscar el respaldo. El de Justicia Social terminó el 3 noviembre de pasado.
El Pacto del Bicentenario, convocado por Cortizo después del fracaso de su propuesta de reforma constitucional, demostró que persiste el reclamo ciudadano de una reforma a la Carta Magna en los tres poderes del Estado. Esta semana, Cortizo instaló la comisión de alto nivel que le dará seguimiento a los acuerdos del pacto.
Constituyente paralela, una aspiración en pausa
La aspiración de una constituyente paralela quedó en pausa. Las tres iniciativas que en los últimos meses recorrieron el país recolectando firmas para impulsar esa iniciativa se quedaron sin tiempo y apenas lograron 17 mil 33 de las 580 mil 742 firmas de apoyo que se necesitan para convocar a elecciones de constituyentes, según el artículo 314 de la Constitución.
Ayer, 22 de diciembre, se le venció el plazo a la iniciativa Firmo por Panamá, grupo conformado por el Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Alternativa Independiente Social y el Colegio de Abogados, y que logró recolectar 11 mil 708 firmas.
Mientras, el Movimiento Panamá Decide, iniciativa liderada por abogados e integrantes de la sociedad civil, recolectó 5 mil 5 firmas.
Por su lado, el Movimiento Justicia Social, liderado por el ciudadano José Luis Galloway, de Arraiján, solo logró 320 rúbricas y su plazo se venció el pasado 3 de noviembre.
Aunque Panamá Decide aseguró que “el valioso esfuerzo realizado por muchos ciudadanos sembró la semilla de la necesidad de un cambio de arreglo institucional”, atribuyó el fracaso en alcanzar las firmas a un problema comunicacional y a los obstáculos que puso el Tribunal Electoral (TE), entidad que, de acuerdo con miembros del grupo, debió haber “facilitado” el proceso.
Carlos Ernesto González, uno de los líderes de Panamá Decide, fue arduo defensor de la convocatoria ciudadana para una constituyente. No obstante, en el movimiento consideran que fue un reto comunicar que la firma de respaldo significaba “un ejercicio de un derecho ciudadano contemplado en la Constitución y no un modelo de Constitución específico”. También, resaltaron que el movimiento buscó apoyo en diferentes sectores de la sociedad civil, pero ningún acercamiento rindió frutos, “a pesar de que todos están conscientes del creciente deterioro de la democracia panameña”.
En Firmo por Panamá, han guardado silencio sobre el tema.
Recientemente ,el TE le dio aval al grupo Nueva Voz a fin de buscar las firmas para una constituyente. Tiene hasta el 24 de marzo de 2022 para alcanzar la meta. Este movimiento está liderado principalmente por jóvenes. Julián Rodríguez presentó los documentos ante el TE.
Voluntad política
El Presidente de la República también tiene la potestad de convocar a una constituyente paralela. Dicha convocatoria debería ser avalada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo.
En 2019, optó por la vía de proponer reformas constitucionales a través de la Asamblea Nacional. El vicepresidente José Gabriel Carrizo llevó un proyecto de ley al Legislativo que había sido consensuado en la Concertación Nacional para el Desarrollo, pero los diputados, principalmente los del oficialista Partido Revolucionario Democrático, le introdujeron múltiples cambios a su conveniencia.
La ciudadanía rechazó los cambios con masivas protestas frente al Legislativo y el Ejecutivo los retiró. Pero poco antes, durante la negociación en la Asamblea y el llamado a cambios profundos, Carrizo repitió lo que ya Cortizo había prometido en campaña: “si estas reformas no tienen lo concreto, él llamará y convocará a una constituyente paralela”.
Ante el fracaso de reformar la Constitución por la vía de la Asamblea, el presidente Laurentino Cortizo convocó al Pacto del Bicentenario. Como resultado de ese diálogo, Cortizo cuenta con un documento con 187 acuerdos que incluyen propuestas que suponen una “reforma constitucional”.
En el resumen de los acuerdos se plantea que “el actual marco constitucional es inadecuado para asegurar un estado eficaz y el cumplimiento de los derechos... por eso se propone una reforma constitucional”.
El abogado Ernesto Cedeño consideró que luego de leer las propuestas del pacto, “el Ejecutivo tiene iniciativa para convocar a una constituyente paralela” y agregó que de no hacerlo “faltaría a la verdad y se convertiría en puro cuento”.
