Mientras el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate, en medio de reclamos ciudadanos, el veto presidencial de un artículo de las reformas electorales, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley 544, una vez sea sancionado.
La Cciap considera que los órganos Legislativo y Ejecutivo, así como el Tribunal Electoral, “han privado al sistema democrático panameño de la posibilidad de avanzar en temas trascendentales para su fortalecimiento... ” Al igual que este gremio, la diputada Zulay Rodríguez y los magistrados del Tribunal Electoral (TE) han dicho que demandarán el proyecto.
Los magistrados del TE, en su momento, señalaron que ejercerían acción judicial respecto al tema de la adjudicación de curules, la paridad de género y la inequidad en la distribución de las curules.
Sin embargo, los jefes de esa corporación electoral se han mantenido en silencio ante los cuestionamientos que les hizo el presidente Laurentino Cortizo en su veto parcial.
Cciap, otra voz que anuncia que demandará proyecto 544
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se sumaría a otros ciudadanos y organizaciones que han dicho que presentarán ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley 544, que reforma el Código Electoral.
Ayer, el gremio empresarial manifestó su rechazo al veto parcial que hiciera el presidente de la República, Laurentino Cortizo, al proyecto 544, originalmente aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada y devuelto por el Ejecutivo esta semana.
La nueva controversia
El pasado miércoles, Cortizo remitió a la Asamblea un documento de cuatro páginas en el que manifestó su opinión sobre la paridad de género, el reparto de curules en los circuitos plurinominales y la distribución del financiamiento público, que tanto han cuestionado los ciudadanos. No obstante, solo vetó el artículo que establecía una amnistía para los candidatos que en 2019 no entregaron su informe de gastos y, por tanto, se les impuso multas de hasta $3 mil.
Para la Cciap, el veto parcial no solo justifica la no inclusión de avances propuestos por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en cuanto a equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia, sino que tiende a “trivializar la discusión como si se tratase de una confrontación de pareceres y no de intereses puntuales con consecuencias materiales para el futuro del país”.
Además, considera que tanto los órgano Legislativo y Ejecutivo, así como el Tribunal Electoral, unos por acción y otros por omisión o inacción, “han privado al sistema democrático panameño de la posibilidad de avanzar en temas trascendentales para su fortalecimiento, a saber, la asignación de curules en los circuitos plurinominales, paridad de género en las postulaciones y balance adecuado en el financiamiento público de las campañas políticas”.
Es por ello que la Cciap dejó por sentado, en un comunicado, que “una vez se apruebe la ley tal y como se encuentra redactada, la Cciap sumará a otros actores de la sociedad civil organizada con el fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia”.
Durante el segundo debate del proyecto objetado, la diputada perredista Zulay Rodríguez también dijo que demandará varios artículos, entre ellos, el referente a la paridad, que en el proyecto 544 mantiene la válvula de escape para que no se cumpla la fórmula de 50% departicipacion de hombres y 50% de mujeres en las postulaciones.
Su copartidario y colega Leandro Ávila dijo que el que quiera ir a la Corte, “que vaya”.
Desde el PRD
Quien también dio su opinión sobre el veto presidencial fue el secretario general del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González. Su queja está en la adjudicación de curules, pero reconoció que el mandatario no podía vetar los artículos referentes a este tema, ya que aunque sí están modificados en el proyecto de ley original, fueron eliminados por los diputados en primer debate. Por tanto, permanece el sistema de adjudicación de curules que ya está vigente en el Código Electoral.
Sobre la paridad de género, González indicó que es un tema que se puede seguir discutiendo, debido a que -según él- la fórmula planteada por la CNRE en el proyecto 544 no resolvía el problema y solo lograba que los partidos políticos y los independientes postularan con cuota de género, sin garantizar la elección.
La propuesta de la CNRE establecía siete artículos sobre paridad y buscaba, entre otras cosas, hacer obligatorio el reparto de 50% hombres y 50% mujeres en las nóminas. Es decir, un principal de un género y un suplente de otro género.
Además, establecía que las secretarías de la mujer, junto a otros organismos de los partidos, debían tomar la decisión de establecer si había o no candidatas para las postulaciones, evitando que fuera a discreción de un solo ente.
Para González, para garantizar la elección de mujeres, hay que tener circuitos plurinominales y que la votación sea por lista cerrada y bloqueada.
Aseguró que con la fórmula D’Hont, que propusieron los magistrados del TE a los diputados, como una nueva alternativa para adjudicar curules, el PRD seguiría obteniendo la mayoría de las curules.
Explicó que si en el 2019 se hubiese puesto en marcha esa fórmula, el PRD habría acaparado 37 escaños y no 35, como tiene actualmente. Además, se hubiesen eliminados cuatro de las cinco curules que hoy tiene su aliado, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. “No era una opción viable; por eso no tuvo el consenso entre los diputados”, acotó.
Regresan veto a Cortizo
En tanto, ayer el pleno de la Asamblea aprobó en tercer debate el veto presidencial. El mismo fue avalado con 39 votos, cinco en contra y dos abstenciones.
