El Ministerio Público reactivó las investigaciones que se siguen a juntas comunales en las provincias de Herrera, Coclé, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro.
En todas esas juntas comunales se investigan supuestos malos manejos de fondos públicos transferidos por diputados durante el quinquenio 2009-2014.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, con la reactivación de los términos judiciales desde el pasado 8 de junio en esas provincias del país, están en agenda audiencias de control ante tribunales de garantías relacionadas con los procesos.
Por ejemplo, se validarán documentos bancarios que habían quedado pendientes antes del pasado 13 de marzo, fecha cuando se decretó emergencia nacional por el coronavirus. Estos procesos se realizan en las provincias centrales bajo las normas del sistema penal acusatorio.
Un despacho especial en Santiago, Veraguas
El fiscal Javier Mitre Burgos opera desde una fiscalía anticorrupción con sede en Santiago, provincia de Veraguas, que fue inaugurada el 15 de julio de 2019. La oficina fue creada especialmente para investigar el caso de las juntas comunales en el interior del país.
Sin detenidos
El fiscal Javier Mitre Burgos, quien está a cargo del caso, informó que hasta ahora no hay personas imputadas, aunque precisó que ha entrevistado a exfuncionarios y funcionarios de las juntas comunales vinculadas.
Además, confirmó que ha efectuado inspecciones oculares y solicitado documentación a los gobiernos locales bajo escrutinio.
En febrero de 2018, cuando estaba bajo el mando de Federico Humbert, la Contraloría General de la República detectó malos manejos por, al menos, $247 millones que fueron transferidos por diputados a distintas juntas comunales del país.
De acuerdo con las auditorías realizadas por la entidad fiscalizadora, se detectaron facturas falsas y documentos alterados. También se encontraron manejos por al menos $20 millones sin sustentación alguna.
El entonces contralor Humbert reveló que las juntas comunales cobraban una comisión de 10% del monto manejado; el 90% restante quedaba a disposición del diputado que había gestionado la transferencia del dinero a la junta.
Por la Covid-19
Por estos días, el Ministerio Público mantiene en pausa los procesos judiciales relacionados con el Primer Circuito Judicial, dado que las autoridades de salud reactivaron las restricciones de movilidad en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, debido al incremento de los casos de la Covid-19.
Los términos judiciales estarán suspendidos hasta el próximo 21 de junio. No obstante, los procesos judiciales sí se reactivaron en el resto del país.
Una vez se reactive la justicia, se espera que el Ministerio Público continué con una serie de pesquisas que quedaron pausadas antes de la pandemia: los casos Odebrecht, Pandeportes, New Business y planillas y donaciones de la Asamblea Nacional, al igual que los seis casos que remitió la Corte Suprema de Justicia para que se procese al expresidente Ricardo Martinelli.