Una disminución de 39.4% -o $516 millones menos- entre enero y julio del presente año hubo en la inversión declarada en los permisos de construcción con relación al mismo periodo de 2017.
Se trata de una caída de aproximadamente $338 millones en permisos para proyectos residenciales y $177 millones para no residenciales, según cifras de la Contraloría General de la República.
Como causante de la baja, los analistas señalan la desaceleración económica, que tiene un impacto en el ingreso de los compradores y que se agudizó con la huelga de un mes en el sector construcción en mayo pasado.
Estos datos reflejan el ajuste que experimenta el sector inmobiliario y de la construcción. En un contexto de tasas bancarias más altas que convierten los financiamientos en más costosos e incrementos en los costos laborales y regulatorios -para promotoras y constructoras-, la desaceleración económica está teniendo un mayor impacto.
Algunos empresarios del sector consideran que podría tomar un respiro con la reactivación de la demanda internacional en los próximos años.