Seis años después de que fuera presentado por La Prensa, el pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió un hábeas data contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La intención era que el entonces titular del MEF, Frank De Lima, entregara “copia del contrato o acuerdo que firmó la Dirección General de Ingresos (DIG), adscrita al MEF, con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., con la finalidad de limpiar la cartera morosa”.
También se pidió conocer si, además de Cobranzas del Istmo, existían otras empresas contratadas para recuperar impuestos con más de un año de morosidad, ya que en el MEF aseguraron que el contrato de Cobranzas no era exclusivo.
Bajo la ponencia del magistrado Efrén Tello, el pleno consideró que al MEF “le compete responder, pues recordemos que el contrato que pide esta empresa fue suscrito con la mencionada dirección, la cual está adscrita a esa entidad ministerial”.
La Corte sustentó que la naturaleza de esta información es pública y no está sujeta a restricciones.
El fallo tiene fecha del 10 de diciembre de 2019.
Por este caso, el exdirector de la DGI, Luis Cucalón, fue condenado a 96 meses de prisión por peculado y corrupción de servidores públicos.
La denuncia la presentó en su momento Dulcidio De La Guardia, exministro del MEF, a raíz del contrato N° 100 de 25 de agosto de 2010, suscrito por Cobranzas del Istmo y la DGI.