Por sexto día consecutivo, hubo protestas contra las autoridades responsables de los albergues de niños, niñas y adolescentes. En la tarde de ayer, un día después del arresto de tres jóvenes que participaron en la manifestación, se escuchó en la capital el repicar de las pailas.
La semana cerró con tres detenciones en las manifestaciones en las afueras de la sede principal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), tras cinco días de protestas por el escándalo de abusos dentro de los albergues de menores bajo protección del Estado.
A pesar de la lluvia, el pasado viernes un grupo de ciudadanos, principalmente jóvenes, se reunió, una vez más, a las afueras de la Senniaf. Pedían justicia para los niños, niñas y adolescentes de estos albergues y exigían respuestas por parte de los responsables.
Las denuncias de abusos físicos, sexuales y psicológicos se dieron a conocer inicialmente en agosto de 2020. Y el pasado 9 de febrero, una subcomisión legislativa reveló otras irregularidades como abortos, mala nutrición, descuido en la atención de salud y hacinamiento, lo que ha causado más indignación.
A las 7:00 p.m de este viernes, antimotines se posicionados en los predios de la Senniaf, resguardados por cercas de control de multitudes, y aprehendieron a tres jóvenes. A Maylín Zárate, Damián Batista y Jeremy Bolaños se les acusó por “alterar el orden público”.
Fueron remitidos al Juzgado Municipal de Calidonia. No fue sino hasta las 2:30 a.m. de ayer, sábado, tras recibir asistencia legal de la abogada Chiara Fong Morales y del exalcalde José Isabel Blandón, que los detenidos fueron liberados. Los jóvenes deberán presentarse ante el juez de paz de Calidonia mañana lunes 22 de febrero, a las 10:00 a.m.
En pasado miércoles 19 de febrero, el presidente Laurentino Cortizo rompió más de una semana de silencio y pidió a los responsables de la Senniaf y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) convertirse en querellantes ante el Ministerio Público (MP). El MP ha dicho que adelanta ocho investigaciones y que la primera audiencia se celebraría en 2023,
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Pero el centro de las protestas es el manejo de la Senniaf. Ayer, varios ciudadanos de la capital continuaron la protesta, sonando pailas desde sus hogares.
En tanto, el abogado Ernesto Cedeño interpuso una denuncia ante la Procuraduría de la Administración, para que se “vigile la conducta oficial de los funcionarios que por ley deban intervenir en los albergues”.
De albergues y familias
El pasado 16 de febrero, la actual titular de la Senniaf, Mayra Silvera, hizo un recorrido por Aldeas SOS, uno de los albergues que opera en el área metropolitana. Calificó de “excelente” la labor de Aldeas SOS e informó que solo uno de los 50 albergues es operado directamente por la Senniaf.
El presidente de la directiva de Aldeas SOS, Domingo Barrios, explicó a La Prensa cómo funciona el proceso de ingreso de un niño, niña o adolescente al albergue. En su mayoría, explicó Barrios, los menores son enviados por orden de un juez, a través de un juzgado del ramo.
Los albergues son, en primera instancia, una solución temporal, mientras la Senniaf y el juzgado encuentran opciones. Se buscan a los padres o a los parientes, incluso a través del Registro Civil. De no encontrarse una alternativa familiar, optan por la adopción. En ese momento se le notifica al albergue que el menor estará ahí de forma permanente o hasta completar la adopción.
La abogada de familia y exfuncionaria del Juzgado de Niñez y Adolescencia, Doris Villalaz, explica que el proceso de adopción puede tomar años, lo cual dificulta la integración del menor a una familia, debido a su edad.
Para Villalaz, los procesos de protección en la norma no son muy explícitos, por lo cual queda mucho margen para la discrecionalidad del tribunal.
Considera que se tienen que reorganizar las normas y replantear las tareas, pues se dan casos de dualidad de funciones.
‘Mesas de trabajo’ con el MEF para buscar fondos para la justicia
Luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, diera instrucciones al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, para coordinar con el Órgano Judicial la gestión de fondos para fortalecer la jurisdicción de niñez y adolescencia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, informó que acordaron crear mesas de trabajo entre las dos instituciones, para revisar integralmente los recursos para la justicia.
Ese encuentro se celebró el pasado jueves y participaron, además, la vicepresidenta de la Corte, Ángela Russo; la presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, María Eugenia López Arias, y la secretaria administrativa, Vielza Ríos. Por el MEF también estuvo el director de Presupuesto, Carlos González.
Para 2021, el Órgano Judicial solicitó un presupuesto de $279 millones, pero el MEF recomendó bajarlo a $182.2 millones.
Fábrega recordó que, por ejemplo, la Ley de Carrera Judicial -aprobada en 2015- no se ha podido implementar por falta de recursos.
