Justo cuando el servicio público está bajo escrutinio por los escándalos que han protagonizado funcionarios que ocupan altos cargos en la administración de Laurentino Cortizo, dirigentes de la sociedad civil y conocedores de la gestión pública coinciden con el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en que los favores políticos, la ausencia de diferencias entre Estado y Gobierno y la apatía por fomentar los méritos, carcomen el servicio civil de Panamá.
Consideran que estas falencias solo cambiarán cuando se tomen en cuenta las políticas que permitan hacer más eficaz la gestión pública. En palabras de Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el servicio público es “deficiente” y no mejorará hasta que no se aplique una carrera administrativa despolitizada.
“La aspiración es tener a los mejores profesionales al servicio del Estado, con un salario competitivo. Nuestra clase política ha utilizado los puestos públicos como botín para pagar a la membresía y a su caudal electoral (...)”, precisó.
Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, manifestó que los funcionarios trabajan bajo el látigo del miedo. Callan por temor a perder sus puestos de trabajo. “Los servidores clientelistas no están pensando en trabajar por el Estado, sino por el Gobierno de turno y los que los nombraron”.
Un servicio público marcado por la política
Dirigentes de la sociedad civil y conocedores de la gestión pública coinciden con el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en que la política, los nombramientos discrecionales y la ausencia de un sistema que premie los méritos carcomen el servicio civil de Panamá.
Por ejemplo, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que administración tras administración se han usado los recursos del Estado como “botín personal”, “discrecional”, y eso ha fomentado la debilidad de las instituciones.
“Se necesitan nuevas reglas acordes con las necesidades, con un nuevo desarrollo sostenible y equitativo. Los gobiernos tienen que pasar del discurso a las acciones concretas”, precisó.
Insistió en que la debilidad en la calidad de aspectos básicos como la salud, la educación y el empleo está ligada a que el Estado perdió su naturaleza.
Por su parte, David Montenegro, quien fue jefe de la Dirección de Carrera Administrativa entre 2014 y 2019, aunque comparte lo que plantea el informe del PNUD, le llama la atención que no incluyera las acciones que tomó la administración de Laurentino Nito Cortizo durante sus primeros meses de gestión: pausó disposiciones que profesionalizaron el servicio público y equiparó la preparación académica con la experiencia. “Nos hubiese gustado que dicho informe, que fue presentado en noviembre de 2019, incluyera todas las acciones tomadas por el actual gobierno que desarticularon y suspendieron lo establecido en la Ley 23 de mayo de 2018, lo cual profundiza más el complejo y desigual problema de nuestro servicio civil”, planteó.
A juicio de Montenegro, la pandemia de la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de contar un servicio público “profesional” y de “calidad”.
Otro que se refirió al estudio del PNUD fue Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), quien, entre otras cosas, manifestó que los funcionarios trabajan bajo el látigo del miedo. Callan por temor a perder sus puestos de trabajo. “Los servidores clientelistas no están pensando en trabajar por el Estado, sino por el gobierno de turno y los que los nombraron”, expresó.
Según Haynes, en Panamá no existen los nombramientos de personal con idoneidad, pues las contrataciones se siguen haciendo de forma “clientelista”. Se nombra a copartidarios y a quienes hicieron campaña política.
Dijo que aunque el actual director de Carrera Administrativa, Osvaldo De La Guardia, es uno de los que más experiencia tiene en ese campo, en comparación con otros directores se encuentra “atado” por “la politiquería” que existe. Señaló que este ciclo perverso de cada cinco años, en el que se nombra por clientelismo y politiquería, no ha podido ser detenido por más acciones que la Fenasep realice.
Este medio consultó a Osvaldo De La Guardia, jefe de la Dirección de la Carrera Administrativa, y al Ministerio de la Presidencia, sobre el informe del PNUD, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
En el sitio web de la Dirección de Carrera Administrativa se observa que la entidad firmó un acuerdo con la Universidad de Panamá para capacitar a los funcionarios. Pero, ¿cuántos funcionarios recibirán esta capacitación?, ¿qué otras políticas efectúan para mejorar las falencias en el sector público? Son preguntas que esperan respuesta.
El escenario actual
En las últimas semanas, escándalos protagonizados por funcionarios de alto nivel han puesto la mirada ciudadana en la manera cómo se nombra en el Estado.
Por ejemplo, un exgobernador es procesado por supuesto tráfico de drogas, diputados controlando nombramientos en el Ejecutivo y dos alcaldes violando la cuarentena.
Y a ello se suma el incremento del costo de la planilla estatal en momentos cuando el país vive una de sus peores crisis económicas.
En efecto, el monto de los salarios brutos de la planilla del Estado sumó $2,170.4 millones en el primer semestre de este año, lo que representa un aumento de $127.7 millones si se compara con el mismo periodo del año anterior.
