La denuncia interpuesta contra el presidente de la Asamblea Nacional, el perredista Rubén De León, volverá a analizarse mañana jueves 30 de marzo. Esto, luego de que ayer el pleno extraordinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) culminó su sesión sin decidir si admite o no esta acción penal presentada por el abogado Ernesto Cedeño, debido a presuntas irregularidades en la gestión de donaciones por $14 millones y otros $68 millones en contratos por servicios profesionales.
Cedeño pidió a la Corte que procese a De León por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la administración pública [peculado] y también por delitos electorales.
Según un comunicado del Órgano Judicial, la reunión extraordinaria del pleno fue solicitada el pasado 24 de marzo por el magistrado Cecilio Cedalise, quien es el ponente de la denuncia penal, en cumplimiento con lo establecido en el último párrafo del artículo 488 del Código Procesal Penal de 2008.
De acuerdo con la nota de prensa, después de que el proyecto de fallo fuera repartido a todos los magistrados, el ponente [Cedalise] sustentó el documento y luego empezó la discusión de todos los integrantes de la Corte. No se hace referencia a lo que contiene el fallo ni a la posición de los magistrados.
La Corte precisó que durante la reunión de ayer, se revisaron audios y videos que incluyó Cedeño como pruebas. El martes 21 de marzo pasado, el jurista acudió al palacio Gil Ponce con un USB, en el que incluyó el audio con las declaraciones que Aquilino Vega, Celideth Acosta, Delsa Thompson, Fulvia Acosta y Héctor Marín ofrecieron a La Prensa, como parte de la investigación periodística sobre las supuestas irregularidades en los subsidios y donaciones otorgados por la Asamblea.
“Lo que sí se pudo ver es que hubo discusión”, dijo Cedeño, luego de que se le consultara por la decisión del pleno de aplazar la discusión para mañana.
“La CSJ tiene la oportunidad el jueves de enfrentar jurisprudencia, de ir en contra de la impunidad (…) el Ministerio Público no ha querido hacer nada con esta investigación, pudiendo indagar de oficio a todos los que no sean diputados”, expresó el jurista.
El abogado hizo la salvedad de que si la Corte decide no investigar a De León, “dará un mensaje claro a la sociedad de que es casi imposible presentar una denuncia a un diputado por investigaciones propias de un medio de comunicación y ante hechos tan lamentables”.
“Muchas personas se sintieron estafadas por la mala utilización de donativos. Sería lamentable que no se vaya a hacer nada por asuntos de forma o hasta por la llamada prueba idónea”, enfatizó.
DONACIONES SON INCONSTITUCIONALES
El pasado 14 de marzo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto No. 441 del 25 de octubre de 2016, expedido por la Contraloría General de la República para limitar y regular los donativos y subsidios que entregan los diputados con presupuesto de la Asamblea Nacional.
El magistrado de la Corte Harry Díaz fue el ponente de la demanda de inconstitucionalidad que también presentó Cedeño hace unos cuatro meses contra dicho decreto. El fallo, cuyo contenido hasta la fecha se desconoce, solo aplica para las donaciones y subsidios que otorga la Asamblea. Esto, según fuentes de la Corte, porque no tienen fundamento en el artículo 159 de la Constitución, y están “expresamente prohibidos en el 163, numeral 3.
Todo el resto de las donaciones y subsidios que ejecuta el Órgano Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones se mantienen vigentes”.
En efecto, ninguno de los 17 numerales del artículo 159 de la Constitución del país le da a la Asamblea Nacional la potestad de realizar donaciones. Mientras que en el artículo 163 se las prohíbe.