El Ministerio Público y la Contraloría General de la República deben hacer las investigaciones sin detener la entrega de insumos médicos quirúrgicos en tiempo de pandemia, alertó Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud, al referirse a las denuncias del personal de salud respecto a que las batas –a las que comparan con “cartuchos”– no estarían cumpliendo con especificaciones de bioseguridad.
“Si están entregando insumos de mala calidad, entonces que se investigue y se tomen las medidas necesarias. Todas las dudas que manifiesten algún grado de dolo hay que investigarlas y todo aquel que resulte culpable de haber hecho algo incorrecto, que le caiga todo el peso de la ley”, indicó.
Sánchez Cárdenas aseguró que es “primordial” que el personal de salud reciba insumos de “calidad y suficiente” para que exista un buen servicio de salud y con desprendimiento, ya que si se sienten bien y tienen la certidumbre de que no van a contagiar a su familia con la Covid-19, entonces podrán prestar un mejor servicio a los pacientes.
Recordó a los administradores de estas compras que el Gobierno destinó recursos millonarios para la compra de insumos “duraderos” y equipo médico que se necesita para enfrentar la pandemia. Se refería a los $133.8 millones que destinó el Gobierno en julio pasado para la mesa conjunta interinstitucional de compras Covid-19 de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa).
Una reciente investigación de La Prensa reveló que en, al menos, 12 centros de atención pública de salud en todo país, médicos, administrativos, enfermeras, técnicos y auxiliares estarían recibiendo batas quirúrgicas y de uso general que se rompen al primer intento de uso y que no estarían cumpliendo con los protocolos “mínimos” de seguridad.
Entre los reportes, a los que tuvo acceso este medio, se observa que el personal de urgencia y de otras áreas hospitalarias de varios centros de atención de salud exige el retiro inmediato de este insumo.
Tras las publicaciones de La Prensa sobre este tema, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social y el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos solicitaron una investigación al Ministerio Público sobre estas “batas cartucho” que se están distribuyendo en hospitales, policlínicas y centros de atención primaria.