“¿Por qué [Cecilio Cedalise] se ofende de que su proyecto haya salido a la luz pública? ¿Está haciendo algo malo? Mi posición siempre ha sido que los proyectos deben levantarse en página web o en su defecto que los plenos sean públicos”.
Esta es la postura del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz, referente a la solicitud que le hizo el magistrado Cecilio Cedalise al presidente de ese tribunal, Luis Ramón Fábrega, para que presente acciones penales a raíz de la filtración de un proyecto de fallo que tumbaría el caso pinchazos, proceso por espionaje político que se le sigue a Ricardo Martinelli.
Díaz, quien actuó como fiscal de esta investigación cuando la competencia la tenía la CSJ, entre 2015 y 2018, afirma también que la petición de Cedalise “carece de fundamento” y, de paso, recordó que “siempre ha habido filtraciones en la Corte”. Para sustentarlo, recordó una frase que una vez pronunció un magistrado de esa corporación: “aquí las paredes no solo escuchan, sino que hablan”.
El proyecto de fallo de Cedalise concede una demanda de inconstitucionalidad que presentó Martinelli, hecho que anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, uno del Parlacen, cargo que ostentaba el expresidente, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haberlo imputado.
Si en efecto se concede este recurso, según Díaz, la decisión no solo tendría un efecto adverso en el juicio oral que actualmente se le sigue al expresidente, sino también sobre la apreciación pública de la Corte Suprema como máxima corporación de justicia, ya que entraría en contradicción con sus propios fallos y, con ello, reduciría sustancialmente el valor de sus decisiones, lesionando la institucionalidad del país.
Por su parte, Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, aseguró que todo esto revela la crisis existente en el sistema de administración de justicia. Recordó que desde hace mucho tiempo desde la sociedad civil se han presentado iniciativas para mejorar el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas. Dijo que desconoce si la petición hecha por Cedalise a Fábrega tiene algún fundamento legal, pero que lo que está claro es el deterioro del sistema judicial panameño.
Mientras que Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que con la solicitud que hizo a Fábrega (acciones penales por la filtración), Cedalise intenta liberarse de responsabilidad sobre el contenido de su proyecto. Lee planteó que es importante que se investigue cómo llegó a los medios de comunicación una opinión que es de carácter reservada, ya que existe la posibilidad que la computadora de uno de los magistrados fuera hackeada. No descartó la posibilidad de que la máquina pinchadora aún esté funcionando.
Mientras que nueve abogados de Martinelli: Luis Camacho, Alma Cortés, Sidney Sittón, Shirley Castañeda, Carlos Carrillo, Jessica Canto, Roniel Ortiz y Alejandro Pérez enviaron una carta a Fábrega, en la que, al igual que Cedalise, recriminan la filtración del proyecto de fallo.