El expresidente perredista Ernesto Pérez Balladares logró este viernes el secuestro parcial de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), luego de que un juzgado civil –donde se ventila una demanda que interpuso contra esta casa editoral hace ocho años– ordenara la acción sobre bienes y acciones de la empresa, que afecta a contratistas, periodistas y personal administrativo.

Según diversas opiniones, este secuestro pone en riesgo libertades como las de expresión y de prensa.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), por ejemplo, expresó que es de “suma preocupación” el secuestro de las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A., por el peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de “un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión”.

“La libertad de expresión e información es un derecho inalienable del ser humano, consagrada en nuestra Constitución Política, y aun cuando exige responsabilidades en su uso, medidas de esta naturaleza en contra de uno de los principales medios escritos del país pone en riesgo la capacidad de producir los diferentes medios de comunicación que edita Corprensa y podría limitar las fuentes de información de los panameños”, destacó el gremio en un comunicado.

Jean-Pierre Leignadier, presidente de la CCIAP, señaló que “entendemos la potestad que le otorga la ley al demandante a defender su honor y su honra, sin embargo una acción de este tipo en los tiempos que vivimos no sólo es un duro golpe al derecho a la información de los ciudadanos, sino que pone en riesgo el sustento de los más de 240 colaboradores de Corprensa”.

Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que la medida es “desproporcionada, con impacto en la libertad de prensa”.

“Esto sin entrar al tema de fondo, que como asunto de interés público, debería guiarse por la doctrina de la real malicia para evaluar la atribución de responsabilidades civiles a un medio en el marco de su función democrática”, escribió Lanza.

Expresidente secuestra bienes y fondos de Corprensa

La jueza Lina Castro De León, del Juzgado Decimoquinto Civil, ordenó secuestrar, a favor del expresidente Ernesto Pérez Balladares, las cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y las acciones en poder de la Corporación de la sociedad Inmuebles Industriales, S.A., tenedora de la finca donde está ubicada la sede de esta casa editorial. En todos los casos, exige el secuestro hasta una concurrencia de $1.13 millones, en concepto de capital y costas del proceso.

El secuestro se vincula a una demanda civil -por $5.5 millones- que presentó el expresidente Pérez Balladares contra Corporación La Prensa hace poco más de ocho años y que todavía se encuentra en primera instancia. En la demanda, Pérez Balladares alega que este medio sostenía una campaña de desprestigio en su contra desde agosto de 2009, cuando la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada empezó a investigarlo por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Específicamente, el demandante señalaba la publicación de notas periodísticas fechadas los días 21 y 22 de marzo de 2011, estas últimas, basadas en información extraída de la vista fiscal que elaboró la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en la que el entonces fiscal Marcelino Aguilar, solicitó el llamamiento a juicio de Pérez Balladares y otros once imputados.

El proceso contra Pérez Balladares giraba en torno a una concesión otorgada a la empresa Lucky Games, para la explotación de máquinas tragamonedas. De acuerdo con el Ministerio Público, el expresidente recibió dinero de varias sociedades anónimas vinculadas a Lucky Games y que, según la Fiscalía, no pudo justificar.

Pérez Balladares, como el resto de los imputados, fue sobreseído el 29 de abril de 2011, fallo que fue ratificado por el Segundo Tribunal Superior, el 5 de enero de 2012. La Fiscalía apeló en todas las instancias, incluyendo un recurso de casación en abril de 2012.

En el proceso contra Corprensa, Pérez Balladares exige el pago para reparar un supuesto “daño moral”, alegando sentir dolor, angustia y aflicción psicológica, derivadas de las publicaciones de este medio, que incluyen extractos de la vista fiscal de este caso en el que se le llamó a juicio.

Actualmente, la demanda civil de Pérez Balladares contra esta Corporación se encuentra a la espera de que se fije una fecha para la práctica de pruebas, etapa que ha sido difícil, ya que el juzgado de la causa ha negado en varias ocasiones recibir pruebas y contrapruebas que ha presentado o pretende presentar el equipo legal de este medio para defenderse.

Ello ha obligado a los abogados del medio a interponer en instancias superiores dos amparos de garantías constitucionales, en los que ha solicitado se respete el derecho que tiene el medio de defenderse frente a las acusaciones del exmandatario. Ambos recursos fueron fallados a favor de La Prensa. El primero fue resuelto el día 2 de enero y el segundo el 20 de mayo, ambos este año.

En el fallo más reciente, el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial indicó que “el fundamento para no admitir los testimonios es endeble y si bien se señala que los peritajes no constituyen una contraprueba, no se explica por qué, por lo que, para ese Tribunal, efectivamente se ha desatendido el derecho a la presentación de pruebas, uno de los fundamentos del debido proceso, y por lo tanto, se infirmará en la resolución que se impugna”.

Consecuencias

El efecto inmediato del secuestro de las cuentas es impedir que la Corporación haga uso de sus fondos, por ejemplo, para cumplir con las cuentas por pagar a los distribuidores del periódico o pagar los salarios de los colaboradores de la empresa.

Concretamente como medio de comunicación, al ser amenazada la viabilidad económica de la empresa, se atenta contra el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la información.

Circunstancias

El secuestro propiciado por Pérez Balladares contra cuentas, bienes y propiedades de La Prensa se produjo solo tres días después de que el expresidente Ricardo Martinelli anunciara en su cuenta de Twitter que haría algo similar y a través de métodos similares: “Le tengo más demandas, no solo yo, si no otros, pero ya la próxima mía secuestraré su administración al medio Varelista...”.

La acción de Pérez Balladares igualmente tiene lugar en momentos en que este medio ha publicado investigaciones sobre acciones del Gobierno que, a su vez, han originado varias investigaciones judiciales y administrativas en el marco del manejo de las compras por la pandemia.

El secuestro de los bienes de La Prensa no solo provocó los aplausos de los familiares, allegados y abogados de Martinelli, sino, incluso, de funcionarios del Gobierno de Cortizo, entre ellos, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, quien indicó en su cuenta de Twitter: #JusticiaEnTiemposdeCovid”.