La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un llamado a las autoridades panameñas para que adopten medidas que garanticen la protección de los bienes de los medios de comunicación, a fin de evitar secuestros que amenacen su sostenibilidad y funcionamiento.
El planteamiento de la SIP está consignado en una resolución aprobada ayer, en el último día de su 76ª Asamblea General, que se realizó en formato virtual.
En junio pasado, la jueza civil Lina Castro ordenó el secuestro de cuentas y activos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) por hasta $1.1 millones, a favor del expresidente Ernesto Pérez Balladares, como parte de una demanda civil presentada hace ocho años y que todavía se encuentra en fase de práctica de pruebas.
En la resolución aprobada ayer, la SIP destaca que la legislación vigente prohíbe el secuestro de activos de empresas que operan radio y televisión, pero no así del resto de medios: diarios, medios digitales y periodistas independientes o freelance.
La SIP recordó que el principio 2 de la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión y de prensa establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
“Es una solución imperfecta, porque no abarca a toda la ciudadanía, pero creemos que sería un avance importante en el fortalecimiento de los derechos para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Panamá”, dijo Diego Quijano, presidente Corprensa, en su intervención en la asamblea general de la SIP.
Si los cambios recomendados se ejecutan no tendrían efectos retroactivos y no alterarían el curso del proceso contra Corprensa.
La SIP también aprobó una resolución sobre Venezuela, para condenar la “sistemática violación del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa”. Exhortó al “cese de la persecución de periodistas y medios, las detenciones arbitrarias, los ataques y la criminalización de la actividad periodística”.
En cuanto a Estados Unidos, se informó que las protestas por el homicidio de George Floyd, en mayo, derivaron en 148 ataques a periodistas y 118 detenciones. Asimismo, en la campaña electoral, el presidente Donald Trump (que busca reelegirse) siguió con sus ataques a la prensa e intentó bloquear, sin éxito, la publicación de dos libros biográficos.
En la asamblea general hubo un recuerdo para los 14 periodistas asesinados en los últimos seis meses: seis en México, tres en Honduras, dos en Venezuela, uno en Barbados, uno en Brasil y uno en Colombia.
La jornada terminó con el hondureño Jorge Canahuati como nuevo presidente de la SIP, en reemplazo de Christhoper Barnes, de Estados Unidos.
En esta asamblea, los presidentes Laurentino Cortizo (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana), firmaron las declaraciones de Chapultepec y de Salta.