ANÁLISIS. Bajo mucha presión de la sociedad civil mexicana, los partidos políticos de ese país y el presidente, Enrique Peña Nieto, impulsaron una reforma constitucional que conlleva la mayor transformación institucional realizada en América Latina para combatir la corrupción.
La reforma crea el sistema nacional anticorrupción, liderado por el mandatario y los presidentes de los poderes del Estado y entidades federativas. Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, equivalente a la Contraloría en Panamá. También se le da más autonomía al equivalente mexicano de nuestra justicia contencioso-administrativa, y se fijan sanciones para funcionarios y empresas que participen en actos de corrupción, las cuales pueden llegar a ser disueltas.
La reforma, empero, no satisface a todos, pues, por ejemplo, el presidente queda exento de responsabilidades administrativas y penales por corrupción y conflictos de intereses que les son aplicables a los demás funcionarios. Y aunque se crea la llamada declaración de intereses, esta puede contener información reservada, que no será divulgada para evitar secuestros.
Aun así, la iniciativa es un punto de inflexión en la lucha latinoamericana contra la corrupción. Tomará varios años para alinear toda la legislación complementaria.