La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), remitió una nota al fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica, en la que le pide presentar una solicitud de reapertura de la investigación por el manejo supuestamente irregular de planillas y donaciones gestionadas por diputados de la Asamblea Nacional durante el quinquenio 2014-2019.
En una nota con fecha del pasado 28 de agosto, que lleva la firma de Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la fundación, se detalla que la petición tiene su fundamento en que el pasado 23 de agosto se reportó que la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, había entregado al Ministerio Público 24 auditorías, en las que se detallan presuntas irregularidades vinculadas a las donaciones y planillas de la Asamblea Nacional, por $113 millones.
Estas sumarias fueron sobreseídas provisionalmente el 20 de septiembre de 2017 porque no se tenían las auditorías.
Sin embargo, con la entrega de estas por parte de la Contraloría al Ministerio Público, lo procedente sería solicitar la reapertura de la investigación.
Entre los hallazgos de las auditorías se cuenta el hecho de que se otorgaron 29 mil 405 contratos por $113 millones, y muchos de los 87 mil 864 cheques emitidos para pagarlos, de acuerdo con las auditorías fueron depositados en cuentas de diputados, y de funcionarios que laboraban en el Legislativo, pero que, a la vez, trabajaban en otras empresas.
En las auditorías también se analizaron 5 mil 728 donaciones por un monto de $15 millones. Entre las anomalías detectadas por la Contraloría en este rubro figura el hecho de que algunos de los cheques de las donaciones fueron encontrados en las cuentas de algunos diputados o de compañías vinculadas a ellos.
Varios de esos cheques fueron cambiados rápidamente para obtener el efectivo en corto tiempo. En esta operación habría participado personal que laboraba en la Asamblea y particulares.
El 20 de abril de 2017, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana presentó una denuncia ante el Ministerio Público, para que investigara a los funcionarios de la Asamblea Raúl Moreno Vaccaro, Marisela Araúz, Teófilo Gálvez, Ismael Frías y a Luis Rafael Cruz, entonces funcionario del Consejo Municipal de Santiago, en Veraguas.