El impacto del descubrimiento de que Nicel Solano, una alta funcionaria del Órgano Judicial, presuntamente colaboraba con la pandilla Humildad y Pureza, ligada al Clan del Golfo, dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema de administración de justicia frente al crimen organizado.
Juristas consultados recomiendan que por esto es necesario la implementación de la carrera judicial y establecer filtros para evitar el ingreso al sistema de personas ligadas al crimen.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz consideró, por ejemplo, que este tipo de situaciones pueden minimizarse con la implementación de la carrera judicial y el Tribunal de Integridad y Transparencia, que se encarga de velar por la conducta ética de los funcionarios judiciales.
Díaz sostuvo que fue un error de pasadas administraciones del Judicial apostar por desviar los fondos para implementar la carrera judicial para poner en funcionamiento el sistema penal acusatorio, mecanismo que no contaba con funcionarios judiciales preparados. “Hoy recogemos las consecuencias de esas decisiones: jueces sin carrera, manipulación de la justicia, impunidad y la impotencia del ciudadano de ver cómo los delincuentes se burlan del Estado”, añadió.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño dijo no entender cómo si en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo, donde laboraba la funcionaria, se tenían sospechas de alguna irregularidad, no se actuó presentando una denuncia.
Cedeño recordó que en el boletín de prensa que emitió el Judicial para aclarar la vida laboral de Solano se entiende que tenían indicios de situaciones irregulares, sin embargo, “solo se dejó sin efecto su nombramiento en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo”.
Por su parte, el exmagistrado Adán Arnulfo Arjona estimó que esta situación obliga a una veeduría más cercana de los funcionarios de control del Órgano Judicial.
