Organizaciones como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), hicieron un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que, de momento, no sancione el proyecto de ley 654, que modifica la Ley 47 de 2002, que declaró conjunto histórico el Casco Viejo de Colón.
Representantes de ambos organismos consideran que si bien hay que actualizar la normativa, el documento presentando por el diputado Jairo Salazar debe ser ampliamente discutido.
‘Proyecto de ley sobre Casco de Colón deja mal precedente’
Si en algo coinciden organizaciones y profesionales que protegen el patrimonio histórico del país es que la rápida aprobación en tercer debate del proyecto de ley 654, que modifica la Ley 47 de 8 de agosto de 2002, la cual declara conjunto monumental el Casco Viejo de Colón, sienta un mal precedente.
Esta propuesta de ley, presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Bolota Salazar, llegó a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional el pasado 9 de agosto y el 21 de septiembre ya recibió tercer debate.
“Ahora, si a alguien se le ocurre derribar algún monumento histórico, sólo le basta presentar una ley. Lo que ocurrió con la aprobación de este proyecto de ley deja un mal precedente en el país”, se lamentó Sebastián Paniza, exdirector de Patrimonio Histórico del desaparecido Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura.
El punto de conflicto de esta iniciativa es que quita la protección al conjunto monumental conocido como Las Cuatro Potencias y otro conjunto de edificios en la avenida Domingo Díaz.
Si bien se trata de dos conjuntos monumentales en mal estado de conservación, organizaciones como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés) sostienen que aunque puedan parecer deplorables, no se justifica su demolición ni tampoco suponen, necesariamente, que no puedan ser recuperables.
De hecho, este organismo asesor de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) emitió una “alerta patrimonio” esta semana, luego de la aprobación de la propuesta de ley, en la que recomendó no eliminar o remover edificios históricos ya protegidos por ley.
En conversación con La Prensa, Silvia Arroyo, presidenta de Icomos, capítulo de Panamá, subrayó que no está en contra de la nueva normativa, pero sí considera que debe ser revisada y discutida ampliamente.
“Es importante no remover ni eliminar un edificio histórico ya protegido”, sostuvo la arquitecta, quien subrayó que otro tema que les inquieta es que la iniciativa sólo brinda tres años de incentivos, un plazo muy corto para alguien que quiera realizar una inversión allí.
En su artículo 5, la propuesta de ley indica que los propietarios, poseedores, administradores de edificios, conjuntos de edificaciones o de espacios abiertos públicos tendrán tres años para realizar las intervenciones. En el caso de obras menores de mantenimiento o de conservación que requieran dichos bienes inmuebles, tendrán el periodo de un año para evitar su desplome o deterioro, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Sobre este tema específico, Arroyo indicó que se otorga un año para elaborar el proyecto de restauración cuando en ese lapso es prácticamente imposible. “Deberían dar dos o tres años. Nosotros estuvimos en una reunión en la que se trató la normativa, pero no tuvimos derecho a voz. A nosotros nos gustaría participar como profesionales de la conservación y la restauración”, dijo.
En ese contexto, la presidenta de Icomos Panamá sugirió al presidente de la República, Laurentino Cortizo, no sancionar el proyecto de ley, por ahora.
Recomendaciones
Como parte de sus recomendaciones a corto plazo, Icomos pide crear una mesa de trabajo con los diferentes actores directa o indirectamente relacionados con la problemática del centro histórico de Colón.
A mediano plazo, solicita actualizar el inventario y diagnóstico del centro histórico y regular los temas de tenencia de tierra para poder sancionar a los que infrinjan la ley, los que especulen con el mercado inmobiliario y los que abandonen sus inmuebles o actúen sin el permiso autorizado en cualquier edificación dentro del área protegida.
Manuel Choy, coordinador de la comisión de patrimonio de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, coincidió con la representante de Icomos en que así como está el documento debe ser vetado por el presidente de la República.
El arquitecto dejó claro lo que le preocupa: “nosotros estamos dentro de la comisión analizando el tema y pese a que dentro de la propuesta de ley se protegen seis nuevos edificios, es la primera vez que se eliminan monumentos declarados históricos y esto abre la posibilidad a que en el futuro se puedan eliminar otros monumentos de importancia, por algunos intereses”.
A juicio de Choy, el documento debe incluir el desarrollo de un inventario de los edificios en el Casco Antiguo y un manual de intervención para proyectos de rehabilitación en la zona, como sucede en el Casco Antiguo de la capital.
Además, cree que se debe contemplar la creación de una oficina del centro histórico, como ocurre en San Felipe. “Nosotros estamos dispuestos a colaborar en los cambios y que sea un proyecto de beneficio para el centro histórico de Colón”, aportó.
¿Qué piensan en Colón sobre el tema?
Joel Ceras, arquitecto especialista en patrimonio histórico y residente de Colón, sostuvo que no puede estar conforme con una propuesta que implique desproteger conjuntos previamente protegidos.
“Es un mal precedente, sobre todo porque las justificaciones dadas para ello no son válidas. Por otro lado, debo reconocer que agrupar en un solo documento las reglamentaciones que ya existían, así como los incentivos de otras leyes que se ponen en evidencia en esta propuesta, es un paso positivo”, puntualizó.
En palabras de Ceras, hubiese sido positivo, además, que una actualizada ley de patrimonio histórico de Colón incluyera la creación de una oficina del centro histórico y la obligatoriedad de realizar un inventario de los edificios con valor histórico, así como un manual de normas que permitiera, mínimamente, saber cómo actuar sobre los edificios en peor estado de conservación.
“Es una tarea pendiente, que ojalá se atienda pronto”, concluyó .
Este diario intento obtener una posición del Ministerio de Cultura, pero pese a las consultas no hubo una respuesta al cierre de esta edición.
