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‘Somos ciudadanos, no súbditos’: Carlos Ernesto González Ramírez

El abogado Carlos Ernesto González Ramírez analiza hoy el asidero legal de las decisiones tomadas por el gobierno en esta cuarentena.

‘Somos ciudadanos, no súbditos’: Carlos Ernesto González Ramírez
Carlos Ernesto González Ramírez. Archivo

El artículo 55 de la ‘Constitución’ establece el estado de urgencia. El gobierno decretó el de emergencia que está en la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Por qué eligieron ese?

El de emergencia, el que decretaron, permite agilidad en las compras. El 55 suspende garantías fundamentales. El gobierno decidió suspender las garantías, pero mediante el Código Sanitario, que fue hecho para adoptar medidas de cuarentena para los enfermos.

El tema es que aquí se aplican medidas a todos, no solo a los enfermos…

Ese es el problema. Pero por el otro lado, no tenemos normas que apliquen claramente a lo que estamos viviendo, así que es un tema de interpretación.

Si iban a limitar garantías, ¿debieron decretar el estado de urgencia o con el del ‘Código Sanitario’ está bien?

Mi posición es que en cualquiera de los dos casos, las medidas adoptadas deben estar enmarcadas dentro de la Constitución y las normas de derechos humanos de convenios en los que Panamá es parte.

¿Qué derechos se están violando?

Se han suspendido varias garantías fundamentales. Libertad de tránsito, libertad individual, que incluye el consumo de alcohol, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada, que se da suspendiendo las actividades económicas.

¿Hay una violación a la igualdad con las empresas que pueden gestionar salvoconductos y las que no?

Pareciera, y no se explican las razones.

¿Es o no legal que el Estado decida quién, cuándo y cómo sale y trabaja?

Creo que era necesario, indistintamente de su legalidad. Pero es importante que se entienda que somos ciudadanos, no súbditos. No son maestros regañando niños, sino iguales hablando a iguales.

Entonces, ¿el problema es la forma del mensaje, no el fondo?

Son ambas. Cuando le hablas a un igual, explicas. Aquí dan órdenes. Es la diferencia entre autoritarismo y democracia.

¿Qué país ha manejado bien la crisis en cuanto a derechos humanos?

Costa Rica. Logrando el mismo fin, se cuidó de no suspender garantías fundamentales. No limitó la libertad de tránsito: restringió el movimiento de carros. Te puedes seguir moviendo, pero no en carro. Y todas las medidas tienen fecha.

¿Por qué cree que aquí no dan fecha para los cambios de medidas?

No sé. No sabemos cuáles son los criterios ni cómo se miden. Podrían dar una fecha tentativa amarrada a esos criterios. No entiendo por qué no lo hacen.

Los decretos que suspenden garantías, ¿son constitucionales o no?

Lo tendrá que decretar la Corte [Suprema]: hasta dónde pueden llegar las medidas del Código Sanitario y si pueden suspender garantías fundamentales. En mi concepto, en una república, ningún poder puede ser ilimitado ni unilateral. Tiene que tener pesos y contrapesos

Y hoy, ¿los vemos o no?

No, porque la medida establecida no tiene límites, pesos ni contrapesos. El estado de urgencia sí los generaba. Requería revisión cada 10 días en la Asamblea.

¿Habrán elegido el otro estado para evitar ese control y posible chantaje?

Es posible. No hay confianza en la Asamblea. El diseño institucional está mal y la pandemia lo está demostrando. Necesitamos una nueva Constitución.

Hoy, ¿para qué sirve la ‘Constitución’?

Para aplicarla a los enemigos y ajustarla a los amigos.

No querer pasar por la Asamblea, ¿justifica violar la ‘Constitución’?

No necesariamente, pero no le pusieron límites a la suspensión de garantías.

El estado que el gobierno decretó facilita las compras directas. ¿En qué se traduce eso?

En meterle velocidad y evitar la burocracia. Pero se presta para abusos.

La transparencia del gobierno...

Comenzó mal. Ha empezado a mejorar, pero se requiere más transparencia.

Le dieron el poder a la Presidencia de trasladar partidas. ¿Eso hace sentido?

Indistintamente de la razón por la que se hizo, las instituciones deben funcionar por sí solas generando confianza.

¿Es Presidencia la instancia técnica para comprar insumos médicos?

No. Debiera ser el que lo va a usar.

¿Qué responsabilidad tiene un ministro sobre lo actuado por su vice?

La legal depende de los hechos. Pero sin duda tiene una responsabilidad política.

A fin de qué, como medida cautelar, se pide la separación de un funcionario.

Para que no afecte la investigación.

¿Sería objetiva la investigación con José Gabriel Carrizo como ministro?

La verdad es que no estoy seguro.

El gobierno ha trasladado $2 mil millones a la crisis. ¿Cuál hubiese sido ese costo pasando por la Asamblea?

$2 mil millones, más el precio de la aprobación de la comisión.

¿Qué control hay para el uso de esos fondos?

El de Contraloría. Pero no todo tiene control previo a la compra.

¿Qué es peor, que Laurentino Cortizo y Carrizo sepan de los escándalos o que no se enteren de ellos antes de que pasen?

Que no se enteren.

¿Qué consejo le da a Cortizo?

Proteja la tranquilidad que transmite al hablar, pero con más transparencia.

Y, ¿a Carrizo?

Transparencia, transparencia...

Carlos García firmaba las cuentas de un investigado y no lo puso en su hoja de vida. ¿Afecta su credibilidad o no?

No hay razón para no poner en su hoja de vida lo que uno ha hecho.

¿Cómo se puede ser ministro sin tener ministerio? ¿Qué ley permite eso?

Van varios gobiernos haciendo eso y nunca he entendido en qué se basan.

Los ministros consejeros no firman. ¿Eso significa que nunca tendrían que responder por sus actos?

No, porque en teoría solo aconsejan. Responderían los que ejecutan.

¿La Asamblea tiene facultad para incidir en contratos privados, como lo proponía la ley de moratoria?

No. Eso no está en la Constitución.

Cárcel al que viola la cuarentena. ¿Por qué no, si pone en peligro a todos?

Las faltas administrativas no se pagan con cárcel. Viola derechos humanos.

Ejemplos de que no se respeta la prohibición de fueros y privilegios.

Las actuaciones religiosas en cuarentena total. No solo no los multan como al resto, sino que lo hacen con permisos.

Castigos corporales como trabajo comunitario. ¿Válido o no?

No, ni ponerlos a hacer ejercicios.

Hombres con menos días de salida que las mujeres. ¿Ilegal o debate inocuo?

Otro fuero y privilegio.

Estado laico. ¿Se está respetando?

No. Tenemos instituciones confesionales, como la Policía.

Si los policías fueran budistas e hicieran ritos antes de empezar a trabajar, ¿pediríamos separación de Iglesia y Estado, o tampoco?

Habría un escándalo nacional.

Cinco guardias esposando a un hombre solo que pasea un perro. ¿Quién hace más aglomeración?

La Policía, y no tiene un protocolo claro a la hora de controlar aglomeraciones.

La Corte está paralizada. ¿Qué dice que a estas alturas no haya tecnología para seguir defendiendo las libertades sin necesidad de hacerlo presencial?

El Judicial es la Cenicienta del presupuesto. Está en la ley y no tienen con qué.

¿Es presupuesto o voluntad?

Ahora, presupuesto. Antes, voluntad.

¿Tiene sentido que levanten los términos judiciales sin que los abogados puedan ejercer?

El mismo sentido que tiene que los cultos religiosos abran antes que las profesiones y que las escuelas. Ninguno.

¿Qué crisis se necesita para entender la importancia de la justicia, así como ya vimos la de la salud y la ciencia?

Te iba a decir que guarden preso a un presidente, pero ya pasó y no pasó nada.

¿Cuántos magistrados son de lujo?

Cinco, diría.

Si la justicia funcionara, ¿los medios y redes tuviesen igual protagonismo?

No creo, porque el ciudadano confiaría en la justicia y tendría acceso a ella.

Eduardo Ulloa. ¿Ve más pro actividad y menos selectividad que antes?

La crisis nos puso en hold: no sabemos si es falta de voluntad o prudencia.

Dice Martinelli que las fiscales deben renunciar. ¿Por qué no deben hacerlo?

Porque lo dice Martinelli.

FCC confesó en España un delito que cometió aquí. Allá están investigados; acá no pasa nada. ¿Qué justifica eso?

Paso.

Tres diputados que salva.

Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y…

Un funcionario que lo desilusionó.

Por suerte no tenía muchas ilusiones.

Inmunidad parlamentaria. ¿Para qué fue creada y para qué se usa?

Para que legislaran y fiscalizaran sin repercusiones. La usan para calumniar.

¿Qué tan representado se siente por el Colegio de Abogados?

Poco. Se dedican más a defender intereses personales y gremiales, que a ser una institución académica.

Ley seca. ¿Puede el Minsa detener actividades ciudadanas legales que no tienen que ver con la pandemia?

No, porque la norma que están usando es para temas referentes a la epidemia, no a la seguridad ni a las libertades. Eso es parte del problema legal.

¿Qué tan legal es que revisen los carros y las casas buscando alcohol?

Necesitan una orden judicial y tampoco es legal, según el decreto.

Su lectura de la pretensión de los alcaldes de prolongar la ley seca.

Moralismo y abuso de autoridad.

Luis Cucalón. ¿No deberían dejar salir a todos los presos de riesgo?

En efecto. Hoy solo salen los que pueden pagar e ir a los tribunales.

Ley de Carrera Judicial. ¿Cuál es el peligro de eliminar concursos como lo establece el proyecto legislativo?

Seguir con nombramientos de a dedo, que nos hacen desconfiar de la justicia.

Si llegan a acuerdos, las empresas corruptas podrán volver a contratar con el Estado a los tres años. Y si las condenan, a los 5 años. ¿Justo?

Es un avance, pero yo hubiera ido más allá obligando el cambio de accionistas y directivos de las empresas. Nadie en su sano juicio contrata con el que ya le robó.


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