Los estamentos de seguridad muestran poca agilidad para combatir las pandillas, que en los últimos años han experimentado un proceso de mutación, al convertirse, por ejemplo, de “tumbadores” de drogas a socios y aliados del crimen organizado.

Así lo plantea un reciente informe del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (Siec) del Ministerio de Seguridad y del Observatorio de Violencia y Seguridad Ciudadana.

El documento, que analiza las pandillas de Panamá y San Miguelito, señala que los criminales no solo logran enrolar a personas comunes, sino también a políticos y policías.

Concluye que para combatir este fenómeno se requiere de una mejor articulación entre el gobierno, autoridades judiciales y organizaciones de la sociedad.

Las autoridades calculan que el 70% de los homicidios tiene relación con pandillas y crimen organizado. Y muchas veces operan desde las cárceles, como ocurrió con la masacre de La Joyita que, según las pesquisas preliminares, se debió a una disputa entre pandillas.

Generalmente, según el criminólogo Marco Aurelio Álvarez, los jóvenes se enlistan en estas organizaciones, porque vienen de familias disfuncionales.

Pandillas mutan y se ponen al servicio de los carteles

En los últimos años, las pandillas que operan en Panamá y San Miguelito han sufrido una importante mutación que los ha llevado a establecer alianzas o unificarse para evitar ser rastreados por las autoridades, según un informe del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (Siec) del Ministerio de Seguridad y del Observatorio de Violencia y Seguridad Ciudadana.

El documento detalla que los miembros de las pandillas ya no son simples custodios o tumbadores de la droga que llega procedente de Colombia; ahora han elaborado acuerdos con estas bandas criminales y con carteles de México y Europa.

Hasta han reclutado a empresarios, políticos y policías, a fin de evitar la acción de las autoridades. Igualmente, se han asociado con pescadores para mover grandes cantidades de estupefacientes a través de personas de escasos recursos, que son utilizados como mulas para llevar la droga a los sitios de consumo.

Casualmente ayer, la Policía detuvo a un hombre que halaba cinco maletas por los manglares de Costa del Este. En las maletas había 361 paquetes de presunta droga.

El informe revela que pandillas como Bagdad, Vietnam 23 (calle 23 y 25 de El Chorrillo), Matar o Morir y el Pentágono (calle 16 y 17 Santa Ana) y el grupo liderado por Eduardo Macea, alias Marshall, en Colón, han realizado alianzas.

Mientras que Calor Calor, considerada una de las más violentas, controla ciertas áreas de la ciudad de Panamá, San Miguelito, Arraiján, Puerto Caimito y Panamá Este. Entre sus líderes se encuentran Dangelo Dayán Ramea, Moisés Murillo y José Cossio.

Estos grupos han evolucionado y ahora se dedican al control de la droga que entra y sale del país. Además, usan pandillas juveniles para el ajuste de cuentas.

Calor Calor mantiene presencia en San Miguelito, en donde operan unas 25 pandillas. En este sector se usan pandillas juveniles como satélites para el control de la venta de drogas al menudeo.

Sin embargo, en ocasiones esta alianza o colaboración se rompe de manera violenta por la disputa de territorios.

Ocurrió en diciembre pasado. Tras una disputa de bandas rivales, se produjo un enfrentamiento con armas de fuego dentro de la cárcel La Joyita, que dejó un saldo de 13 muertos.

Informes del Ministerio Público y del Ministerio de Seguridad revelan que las secuelas de este conflicto se han extendido a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, con una serie de homicidios.

Por ejemplo, las autoridades ligaron el triple homicidio de una familia en El Chumical de Arraiján, ocurrido el 27 de enero pasado, con estos incidentes.

La capacidad estos grupos es tal, que son capaces de camuflarse perfectamente en cualquier lugar. Un ejemplo, según las fuentes, es el caso de uno de los más buscados por la Policía, Elizalde Alberto Viruet Coindet, de 32 años de edad, condenado por delitos de drogas, quien el 11 de mayo pasado fue asesinado a tiros en una casa que ocupaba en el exclusivo residencial Rainforest Village, cerca del estadio Rod Carew. La Policía ofrecía una recompensa de $5 mil, pero fueron los sicarios los que lo encontraron.

Por ello, las autoridades insisten en que el 70% de los homicidios del país tiene relación directa con el crimen organizado. De hecho, en los primeros cinco meses del año se dieron más de 200 homicidios, según datos del Ministerio Público.

El informe del Siec también plantea la poca agilidad de los estamentos de seguridad para enfrentar este fenómeno, que requiere de una articulación entre el gobierno, autoridades judiciales y organizaciones de la sociedad.

Según fiscales del Ministerio Público que manejan el tema, este fenómeno también se reporta en la provincia de Colón, en donde algunas pandillas se han fusionado para aumentar el control en la distribución de droga.

Solo el mes pasado en esa provincia, según el ministro de Seguridad, Juan Pino, se hicieron más de 30 allanamientos en coordinación con el Ministerio Público.

El criminólogo Marco Aurelio Álvarez coincide con las autoridades: “los constantes homicidios están directamente relacionados con la venta y distribución de drogas realizada por pandillas locales”.

Álvarez aseguró que en el caso de las organizaciones criminales criollas, cada pérdida de droga se paga con la vida, ya que es el estilo de vida de quienes ingresan a las pandillas y redes de narcotráfico.

Precisó que los jóvenes usualmente llegan a la pandillas provenientes de familias disfuncionales, por lo que buscan refugio en sitios donde son aceptados y se les ofrece un modo de vida, aunque sea al margen de la ley.