La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) examina, al menos, 58 denuncias contra varias instituciones del Estado, presentadas entre enero y mayo pasado. Buena parte de ellas están ligadas a la pandemia por la Covid-19.
Bajo la lupa están las supuestas entregas selectivas de bonos y bolsas de comida de Panamá Solidario, los altos salarios que reciben influenciadores en el Gobierno; presuntas irregularidades en contrataciones; y supuestas faltas a la ética.
La mayoría de estas denuncias surgió en mayo pasado. En medio de la emergencia por el coronavirus, también quedó en evidencia el poco compromiso que tienen algunas entidades con la transparencia y la rendición de cuentas.
Un monitoreo de la Antai dejó al descubierto que en marzo pasado solo 49 de 111 instituciones de Gobierno cumplieron al 100% con la obligación de publicar en sus páginas de internet información de acceso público. Una de las que no renuncia a sus prácticas opacas es la Asamblea Nacional.
Denuncias ciudadanas en tiempos de crisis
Supuestas entregas selectivas de bonos y bolsas de comida de Panamá Solidario; altos salarios a influenciadores; presuntas irregularidades en contrataciones; y posibles faltas a la ética son algunos de los casos que tramita la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por estos días.
Al menos 26 de los 58 hechos que examina la Antai están ligados a la pandemia del coronavirus, según un informe de la entidad.
Por ejemplo, de enero a marzo pasado la Antai procesaba 32 denuncias, entre investigaciones de oficio y acciones presentadas por ciudadanos. Pero la cifra se disparó en mayo, mes cuando el país ya estaba sumido en una estricta cuarentena por la Covid-19.
Para ese mes, la institución que dirige Elsa Fernández registró 26 denuncias. Entre las entidades señaladas figuran el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Municipio de Chame, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica. También hay quejas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras.
Fernández investiga de oficio al Ministerio de la Presidencia, que lidera el también vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo. Desde marzo pasado, cuando el Gobierno decretó el estado de emergencia, esta cartera ha estado en el ojo de la tormenta. Se cuestiona el papel que ha tenido en el manejo de los millonarios fondos destinados a la pandemia, como la intención de compra de ventiladores con hasta 900% de sobrecosto. Al menos cinco investigaciones de oficio tramita la Antai contra esta cartera.
En el radar de la Antai también se encuentra la Asamblea Nacional, órgano que preside el perredista Marcos Castillero y que es objeto de dos investigaciones de oficio, una de ellas por supuesto nepotismo.
También está en la mira la Caja del Seguro Social, debido a supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato por $168 millones al Consorcio Salud en Control, integrado por la panameña PMG Logistic Corp y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, para almacenar, distribuir y entregar medicinas. Sin embargo, la licitación fue suspendida por orden del presidente Laurentino Cortizo.
Asimismo, la Antai investiga a los ministerio de Turismo y de Cultura. No se precisaron los detalles de los casos por los que están bajo escrutinio.
Opacidad
En tiempos de la Covid-19 también quedó en evidencia el relajamiento de algunas entidades públicas con las normas de transparencia.
De acuerdo con el monitoreo de transparencia a los sitios web que realiza la Antai, hasta marzo pasado solo 49 de 111 instituciones cumplieron al 100% con publicar datos de información pública: planilla, gastos en viáticos, viajes, gastos de representación, entre otros.
La Antai, dio a conocer el detalle de las 49 entidades que cumplieron, pero no suministró los nombres de las 62 que no lo hicieron.
En esa lista está, por ejemplo, la Asamblea Nacional, entidad que ha sido duramente cuestionada por la opacidad: no ha hecho públicos los nombres de las personas que figuran en las planillas de los 71 diputados ni mucho menos los contratos que estos otorgan con fondos públicos.
Si un ciudadano accede a al sitio asamblea.gob.pa y hace clic en “Contratación de funcionarios”, aparece un mensaje que dice: “esto es un PDF de muestra, falta agregar contenido final”.
Otro que está en mora con la transparencia es el municipio de San Miguelito, que dirige Héctor Valdés Carrasquilla. Pese a que maneja un presupuesto de $33.2 millones para 2020, este distrito, uno de los más grandes del país, no tiene sitio web.
“Cabe destacar que durante estos dos meses (febrero - marzo) el monitoreo se hizo gracias a la transparencia proactiva de instituciones que pese a las dificultades que atraviesan por el estado de emergencia nacional, actualizaron los sitios web”, informó la Antai.
