TAL CUAL

ELETÓN. Ahora que empiezan las vistas presupuestarias, varios diputados de la comisión de Presupuesto, encabezados por su presidente, el controversial Jorge Iván Arrocha, aprobaron un reglamento que solo les permite a los diputados que no son parte de esa comisión anotarse en la lista para “preguntar” dentro de los 15 minutos después de que quien esté sustentando su presupuesto acabe de hacerlo. Traducido a la práctica, los que se queden por fuera de esta lista no podrán pedir nada. Y, claro está, los que forman parte de la comisión de Presupuesto sí podrán quedarse y pedir, pedir y pedir. En fin, será una pantalla… siempre encuentran vías alternas para “resolver”.

SIN LEY NI ORDEN. Ayú Prado sigue sin responder la segunda carta en la que Rigoberto González le pidió explicación sobre los criterios que utilizó para nombrar a los 931 funcionarios que conformarán el sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial. La primera carta que le mandó el procurador la ignoró olímpicamente y, como soplan los vientos, pretende hacer lo mismo con la segunda. Y las dos van dirigidas al mismo fin: saber por qué no tomó en cuenta la carrera judicial para esas contrataciones. Quien debe impartir la ley, se cree que está por encima de ella. Así no se puede.

PENDIENTES. La fiscalía mandó a investigar al juzgado, el 27 de julio pasado, para qué es que Poulett Morales viajaba realmente, después que se le vio rumbeando alegremente en Bogotá… y no han informado nada. Hoy es su próximo viaje para el que pidió permiso (sí, otro) con fines “médicos”. ¿Le permitirán viajar? Aunque no informen nada, probablemente igual lo sepamos…

SENTIDO. El que sigue molesto con la bancada panameñista es Salas, el diputado que en teoría había sido electo para presidir la codiciada comisión de Presupuesto, pero lo bajaron. Hasta Santana, con el que se peleaba esa presidencia, y que parecía más despechado, ya bajó la guardia. Bueno… bienvenido a la política.

CONTRADICCIONES. ¿Cómo es posible que el Miviot le cambie la zonificación a 42 fincas permitiendo más torres y alegue que la comunidad lo solicitó, que la comunidad diga lo contrario y asegure que ni siquiera hubo consulta, que la alcaldía ya haya presentado una demanda contra esa resolución y que el alcalde alegue que solo esa entidad puede aprobar cambios de uso de suelo? Mario Etchelecu tiene mucho que explicar sobre este enredo. Pero más allá de quién hizo esto y cómo, a Obarrio ya no se puede ni entrar. Esto tienen que anularlo.

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