El Tribunal Electoral (TE) comunicó al departamento de asesoría legal de la Presidencia de la República que el proyecto de ley 73, que crea seis corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé, no presenta “inconveniente” en materia electoral.
La respuesta fue enviada el pasado 9 de octubre, a Nelson Rojas, de la oficina de asesoría legal de la Presidencia, luego de que éste solicitara un pronunciamiento con el fin de establecer la “viabilidad” de la sanción presidencial de la propuesta legislativa. Con base a esta solicitud, la Dirección de Asesoría Legal del TE, emitió criterio de acuerdo al informe de la sección de cartografía de esa entidad.
En la nota, a la que tuvo acceso este medio, el TE plantea que el departamento de cartografía de esa entidad “cotejó las descripciones de cada corregimiento nuevo con sus aledaños, pudiendo concluir que el referido proyecto de ley 73 no presenta inconvenientes en materia electoral; de igual manera verificamos cada uno de los requisitos legales que establece el artículo 16 de la Ley 65 de 22 de octubre de 2015, constatando que el mismo cumple con lo que allí se dispone, por lo que no encontramos objeciones para la sanción”.
El TE se refiere al proyecto de ley No 73 aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado mes de agosto. Esta propuesta, que impulsó el diputado Leopoldo Archibold, de Cambio Democrático, busca crear nuevas divisiones en la comarca Ngäbe Buglé.
Se trata de los corregimientos de Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori. El proyecto 73, al igual que el 135, que crea 10 corregimientos en Bocas del Toro, feudo político del diputado Benicio Robinson, aún no han sido sancionados por el presidente Laurentino Cortizo.
Según la Constitución, en su artículo 169, el Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto y, si no lo hiciese en el término indicado, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar.
La creación de nuevos corregimientos ha sido duramente cuestionada por parte de la sociedad civil. Algunos afirman que responde a cálculos políticos y no promueve el bienestar de las comunidades.